Quim Torra, en el Palau de la Generalitat
Quim Torra, en el Palau de la Generalitat - EFE

CataluñaDenuncian a la Generalitat ante la ONU por «vulneración de derechos»

Varias entidades alertan del acoso que sufren los ciudadanos no independentistas

D. Tercero
BarcelonaActualizado:

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene sobre la mesa de trabajo, desde la semana pasada, varios informes de entidades cívicas no independentistas denunciando prácticas que vulnerarían varios preceptos básicos de los derechos humanos por parte de la Generalitat de Cataluña. Estas denuncias servirán al organismo intergubernamental de la ONU para la elaboración de su informe quinquenal sobre España -documento previsto para la primavera de 2020- con las recomendaciones que las autoridades del país deberían seguir.

Según algunas fuentes consultadas por este diario, las entidades Impulso Ciudadano, Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y, entre otras, Empresaris de Catalunya, registraron sus informes ante el Consejo de Derechos Humanos la semana pasada. Hoy se dará a conocer, probablemente, el realizado por la AEB y hace unos días Impulso Ciudadano hizo público el suyo.

«Discriminación»

En este documento, consultado por ABC, y firmado por la asociación que preside José Domingo, se alerta de los «numerosos ejemplos de vulneración de derechos, de falta de garantías democráticas y de abusos» en el ámbito de las competencias de la Generalitat, destacando, sobre todo, los casos de «desobediencia reiterada a las decisiones judiciales» por parte de las autoridades autonómicas y locales y «por la utilización de la escuela como una herramienta de construcción identitaria».

Según Impulso Ciudadano, desde hace unos años en Cataluña se están quebrando valores «esenciales» de la democracia, que afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos que no comparten las tesis de los partidos nacionalistas, formaciones políticas que ostentan el poder autonómico. En el informe se detalla que «la administración regional y las administraciones locales catalanas discriminan a quienes no comparten los planteamientos nacionalistas» y se considera que esta «discriminación» afecta a varios ámbitos.

Así, esta asociación denuncia «detenciones arbitrarias» (a las personas que retiran lazos amarillos de los espacios públicos), «injerencias en la vida privada» (al acceder a los datos personales de los ciudadanos para el censo del referéndum ilegal de 2017), vulneraciones del «derecho a la honra y reputación» (descalificación al disidente como fascista o falangista) e incumplimientos en aspectos básicos como la «libertad de opinión y de expresión» (boicots a actos de entidades y partidos constitucionalistas) , la «libertad de reunión» y el «derecho a la educación» (impedimento del uso del español como lengua vehicular y adoctrinamiento político en las aulas).

España, país respetuoso

Aunque en el informe de Impulso Ciudadano se indica, en sus conclusiones, que «España es un país respetuoso con los derechos humanos», se alerta de que «esta imagen solo resulta de la consideración de la actuación del Estado central y de las instituciones que de él dependen», pero no de las «instituciones públicas regionales y locales en Cataluña». Además de las asociaciones citadas, otras entidades secesionistas también han remitido sus informes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.