Cataluña deberá responder sobre la encuesta secesionista al alumnado

El ente inspector estatal responde así a la demanda realizada el pasado 21 de noviembre por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en la que exige «la apertura de una investigación que dirima las responsabilidades» sobre el caso, así como «las pertinentes sanciones administrativas que deriven de ello», dado que, según apunta en su denuncia, «nadie de la administración educativa catalana impidió que se realizara».

En su demanda, consultada por este diario, la AEB reclama también la « paralización definitiva del estudio y la destrucción de todas las encuestas realizadas hasta la fecha, en este centro y en otros», así como «la comunicación por escrito a los padres de los alumnos encuestados de que la destrucción se había efectuado».

Igualmente, pide a la Alta Inspección que los alumnos encuestados «reciban una sesión que subsane las ideas tendenciosas que la encuesta les ha transferido» y que «la administración educativa examine y reconozca el incumplimiento de la ley de protección de datos y que asuma las responsabilidades derivadas de ello». En su respuesta, la Alta Inspección avanza que « cumpliendo con su encargo de vigilancia y supervisión del cumplimiento de la legislación básica estatal, ya ha presentado una solicitud de información al departamento de Educación» respecto a los puntos denunciados por la AEB. Recuerda a la entidad que, «según le ha comunicado el departamento, el estudio de la UdL se ha suspendido».

El polémico estudio se paralizó, por orden de la consejería de Educación, el pasado día 15 de noviembre tra la denuncias de la AEB y de varias familias del centro y decidió «analizarlo conjuntamente con la Universidad de Lleida». La consejería añadió que «Educación no cuestiona los estudios que vienen avalados por una universidad y también por el Ministerio de Economía, y siempre nos abrimos a la investigación académica».

La AEB valora positivamente esta respuesta rápida de la Alta Inspección que «acepta como convenientes todas nuestras peticiones y las traslada a la Generalitat », precisa Ana Losada, responsable de la entidad. Añade que «la gravedad de la realización de esta encuesta exige dirimir responsabilidades cuanto antes».

El cumplimentación de la encuesta era un encargo del departamento de Educación y pretendía ayudar en un estudio dirigido por la UdL, autorizado por la Generalitat y financiado por el Ministerio de Economía, sobre aspectos lingüísticos para analizar la integración cultural de los migrantes.