Casado propone regular la alta inspección educativa y pide a Sánchez que inicie el proceso del artículo 155

«Hemos registrado una proposición de ley para la creación del cuerpo de alta inspección educativa, que garantice el fin del adoctrinamiento y la libertad lingüística. Con esta ley se evitaría la ineficacia de la alta inspección educativa, garantizando la autonomía de las competencias de los gobiernos autonómicos», ha señalado Casado a los medios de comunicación, tras hacer una pausa de la reunión con las asociaciones.

Esta propuesta se enmarca en una serie de medidas que los populares están desplegando para defender la aplicación de las resoluciones judiciales en materia lingüística, después del caso de Canet de Mar (Barcelona) y el acoso que recibió el niño y la familia que obtuvieron, como medida cautelar por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la aplicación del 25 por ciento de las clases en español y al que la Generalitat no solo no le ha dado apoyo sino que el consejero del ramo, Josep Gonzàlez-Cambray, salió en defensa de los padres contrarios a la aplicación de la sentencia.

Así, además, Casado ha pedido al Gobierno de España que, si persiste la desobediencia a las sentencias por parte de la Generalitat, «incoe el cumplimiento de la Constitución, el artículo 155», porque la aplicación de la ley no es de derechas o izquierdas, y ha recordado el caso del Gobierno de Felipe González, en 1989, cuando le pidió al Gobierno de Canarias que cumpliera la Constitución por un asunto fiscal. «Ante un incumplimiento de esta lealtad constitucional, se puede actuar en bien de los ciudadanos. Es la Constitución española, no es de derechas o izquierdas. No es quitar competencias sino exigir que se cumplan las sentencias», ha añadido.

Igualmente, el líder popular ha anunciado que su partido ha registrado una declaración institucional en el Congreso para condenar el acoso que ha recibido la familia de Canet y darle apoyo institucional, ha pedido a la Comisión Europea que exija al Gobierno garantizar «los derechos de este niño y la familia», acudirá al Consejo de Europa «para que tutele el cumplimiento de las sentencias judiciales» y, cuando el PP Gobierno, ha apuntado, se aprobará «una ley de lenguas a nivel nacional para regular el uso y la protección de la lengua común , blindar la libertad de lengua en la educación y para que la lengua no sea un requisito para el acceso a la función pública».

Preguntado por la presencia de miembros del Govern en la manifestación del sábado, a las puertas del TSJC, para protestar contra la decisión de los jueces de que se aplique el bilingüismo en todo el sistema educativo (como consecuencia de la sentencia de diciembre de 2020, ratificada en noviembre por el Tribunal Supremo), Casado ha recordado que «cuando un representante público incumple la ley» debe atenerse a las consecuencias porque «todos somos iguales» y «el Estado de Derecho en España funciona».

A la reunión entre Casado y los representantes de las asociaciones a favor del bilingüismo han asistido, también, Alejandro Fernández, presidente del PP catalán, y cargos de la dirección catalana. Fernández ha defendido que «la inmersión, además de ser ilegal, no es un modelo de éxito», porque «si fuera de éxito, ¿cómo es que los nacionalistas dicen que el uso del catalán es inferior a la etapa del franquismo?» y ha añadido que «la lengua catalana se ha identificado con un proyecto político e institucional, y ha pasado a ser antipática y alejado de los jóvenes».

Las entidades que han asistido a la reunión en Barcelona a petición del PP han sido Societat Civil Catalana (SCC), S'ha Acabat!, Impulso Ciudadano, Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Convivencia Cívica Catalana (CCC), Ampas Paralelas, Universitaris per la Convivència y Cataluña Suma.