El Govern busca resquicios legales para mandar a los líderes presos a casa

En definitiva, lo que hacen no es otra cosa que buscar resquicios legales para que los políticos presos no tengan que estar en prisión mientras dure el estado de alarma, pese a que desde que se decretó el confinamiento esta competencia recae en el Ministerio del Interior. En palabras de la propia Consejería de Justicia, lo que están intentando es una «interpretación no restrictiva» del Reglamento Penitenciario llevaba a cabo con «el máximo rigor después de un escrupuloso análisis jurídico».

La excarcelación de los presos del 100.2, una «medida excepcional en una emergencia sin precedentes» , según reconoce la propia Generalitat, se aplicaría solo a los reclusos con un bajo riesgo de reincidencia y que dispongan de un domicilio fijo. Aunque de aplicación inmediata, la medida tendrá que ser avalada después por un juzgado de vigilancia. Nadie duda de que la Generalitat considerará a los líderes secesionistas dentro de este grupo que debe excarcelarse.

Actualmente, 101 presos de las cárceles catalanas tienen autorizadas las salidas del artículo 100.2. Antes del estado de alarma eran 157, pero 56 han pasado a ser clasificados en tercer grado en las últimas semanas, según datos de los servicios penitenciarios catalanes. Los líderes secesionistas están entre esos 101 presos a los que no se ha pasado a tercer grado (semilibertad).

El escollo legal que dificulta mandar a sus casas a los presos con el 100.2 -que actualmente permanecen día y noche en la cárcel, dado que con el estado de alarma se suspendieron sus salidas- es que el reglamento penitenciario solo permitiría en principio el confinamiento domiciliario de los reclusos en tercer grado, no de los que están clasificados en segundo.

Respecto a qué presos se aplicaría el 100.2, la decisión depende de las juntas de tratamiento de cada centro penitenciario, que se irán reuniendo a lo largo de esta semana. De optarse por dejarles salir, sería una decisión de aplicación inmediata aunque luego el juzgado podría tumbar esta medida en cualquier momento.

Al acabar el confinamiento por el Covid-19, los líderes independentistas (y el resto de los presos a los que se aplica el 100.2) volverían a la rutina habitual que les permite este artículo del reglamento penitenciario: salir varios días a la semana a trabajar, hacer actividades de voluntariado o cuidar de familiares mayores, y regresar siempre a dormir a la prisión.

El Departamento de Justicia, que dirige Ester Capella (ERC), considera que la excarcelación es un «paso lógico» después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya «endurecido y alargado» el confinamiento para prevenir contagios.

El objetivo de la Consejería, según un comunicado emitido este martes, es «esponjar» las cárceles para evitar la propagación del coronavirus entre la población reclusa: hasta el momento, se han confirmado nueve casos positivos de internos -otros 34 están en estudio- y 20 de funcionarios

Como suele ser habitual, los anuncios del Departamento de Justicia (a quienes en estas comunicaciones califican siempre de «presos políticos » ) lanzan un recado a sus socios y rivales, lo posconvergentes, a menudo más hiperventilados a la hora de reclamar la puesta en libertad de los líderes independentistas condenados por sedición.

En este sentido, en esa misma nota de prensa este departamento de la Generalitat reitera que «antes y después de la emergencia sanitaria» ellos reclaman «la amnistía» , y que «ninguna convicción personal de ningún miembro del Govern ni de ningún funcionario puede cambiar la sentencia del Tribunal Supremo».

En declaraciones a los medios a través de un mensaje de vídeo, la consejera de Justicia ha explicado que ha ordenado a los directores de centro que «busquen» lo que la ley «permite» para esponjar las cárceles catalanas.

«Nos lo pide Naciones Unidas, y el departamento de Justicia ya hace días que está tomando decisiones y recorriendo caminos que hasta ahora no había recorrido. En estos momentos, tenemos el 69 % de las personas clasificadas en tercer grado confinadas en su casa. Pero no es suficiente, necesitamos que haya menos gente en las cárceles», ha apuntado Capella.