La CUP bloquea una declaración institucional del Parlamento de Cataluña contra el terrorismo de ETA

En la reunión de portavoces del pasado 20 de junio, la CUP se opuso a que saliera adelante una declaración institucional de la cámara catalana -que necesita la unanimidad de los grupos parlamentarios- «con motivo de la conmemoración del 30 aniversario del atentado terrorista de Hipercor, en Barcelona» y, así, el texto quedó degradado solo a un acuerdo de la Junta de Portavoces -para el que solo es necesaria la mayoría de los grupos- «reiterando su enérgica condena y repulsa de este atentado».

El texto de la declaración señala, pese a no tener la conformidad de todos los grupos, que el Parlamento de Cataluña «rinde homenaje a todas las víctimas del terrorismo y expresa su compromiso permanente con todas las personas que han sido víctimas del terrorismo o que lo puedan ser en el futuro».

La declaración de la Junta de Portavoces recuerda que ETA asesinó a 21 personas el 19 de junio de 1987 con un coche bomba y dejó 45 heridos: «Este atentado, por su crueldad especialmente indiscriminada, suscitó una reacción ciudadana mayúscula y puso de relieve el rechazo masivo de los ciudadanos a cualquier forma de terrorismo».

Así, la masacre de ETA y el terrorismo en general, continúa el texto, «representa un ataque frontal a los valores democráticos esenciales, de paz y libertad, que fundamentan la convivencia y que son pilares básicos de la vida colectiva».

La propuesta de esta iniciativa fue de Ciudadanos, a la que se sumaron el resto de fuerzas menos la CUP: JpS, PSC, CSQP y el PP. Una propuesta que también indica que la cámara autonómica «rechaza cualquier intento de equiparación moral o política entre las víctimas y sus verdugos, y se compromete a actuar contra la legitimación política y social del terrorismo y contra los planteamientos que lleven a considerar que el terror puede ser un instrumento más de la acción política».

Por todo esto, «las fuerzas políticas que promueven esta declaración» muestran su solidaridad con las víctimas y se «comprometen a reforzar el marco institucional de convivencia pacífica y democrática» y poniendo en valor la dignidad de las víctimas.

Finalmente, la declaración de la Junta de Portavoces reconoce «la indiscutible tarea que llevan a cabo diariamente las asociaciones de víctimas del terrorismo en la asistencia a las personas y familias destrozadas por la violencia del terror», en defensa de la «memoria, dignidad, justicia, verdad y reparación integral de las víctimas» y muestra su confianza en los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como en el Poder Judicial, que «velan para garantizar la paz y la justicia».