La Audiencia de Barcelona avala los pinchazos del caso Voloh: hay «sospechas fundadas» de corrupción

Los letrados de los investigados consideraban que la escuchas que sirven como base al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquim Aguirre, no estaban amparados por la ley al tratarse de una supuesta investigación «prospectiva» sin «suficientes indicios de criminalidad». Por eso presentaron ante la Audiencia de Barcelona un recurso que ya tiene respuesta.

El tribunal, lejos de tumbar las escuchas, ha avalado las pesquisas del juez Aguirre, que investiga si la cúpula independentista pudo haber desviado fondos a la órbita de Carles Puigdemont a través de criptomonedas o a otros fines ajenos al interés público. La Audiencia concluye que las escuchas «no pueden tacharse de desproporcionadas» , pues las conversaciones contienen «indicios suficientes» contra los imputados, para sospechar que la «cúpula soberanista», actuando «de forma clandestina», podría haber incurrido en graves delitos de corrupción .

Más allá del pinchazo en el que los investigados hablan del posible envío a Cataluña de 10.000 soldados rusos –que las defensas usaron para desacreditar las pesquisas–, la Audiencia cree que hay «sospechas fundas o indicios de criminalidad» tras repasar las conversaciones.

La Audiencia recuerda que tanto el republicano Vendrell como Madí -que fue secretario de comunicación y de estrategia de Convergència y «gozaba de la confianza del expresidente Artur Mas»- , pese a que actualmente no tienen cargos de responsabilidad, sí los tuvieron «en el pasado inmediato», disfrutando todavía del «prestigio y confianza que les otorga la cúpula independentista» . Por eso, los jueces indican que «gozan de la influencia necesaria al más alto nivel para conseguir sus propósitos financieros». Es decir, desviar fondos públicos para «financiar proyectos políticos al margen de la ley» , según se desprende de las conversaciones intervenidas.

En el auto, los jueces recalcan que las escuchas son «proporcionadas» ante la «gravedad del hecho que se investiga» , que podría acarrear altas penas de cárcel por delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos e incluso blanqueo de capitales.

El juez Aguirre, en un auto de agosto de 2019, exponía que los investigados supuestamente estaban recaudando fondos a través de la fundación Catglobal, que gestionarían los empresarios Josep Matamala y Jaume Cabani, de la órbita de Puigdemont . En una de las conversaciones, Madí y el también exconvergente Víctor Terradellas, mencionaban a Cabani como «una de las personas que estarían trabajando en la creación de criptomonedas para usarlas en la república catalana independiente« , teniendo acceso estas personas a subvenciones públicas por medio de su influencia política, argumentaba la providencia. Luego, el avance de la investigación ha conducido a otras supuestas actividades corruptas de variada índole, desde delitos urbanísticos al supuesto aprovechamiento de la pandemia para enriquecerse.