40 años del 'Manifiesto de los 2.300': los visionarios de la Cataluña que iba a venir

Con la perspectiva del paso del tiempo sorprende aquel texto, que en abril de 1981 ya contaba con 23.000 firmas de apoyo, pues mantiene toda su vigencia bien entrado el siglo XXI. Los firmantes –veinte dieron el nombre, la cara y sufrieron las consecuencias del nacionalismo intransigente catalán al encabezar el 'abajo firmantes'– fijaron negro sobre blanco su «profunda preocupación por la situación cultural y lingüística de Cataluña», centrada en concreto en el arrinconamiento y la voluntad de hacer desaparecer el uso de la lengua española de los ámbitos públicos de la comunidad, sobre todo en las escuelas, que la Generalitat estaba poniendo en práctica con el visto bueno del Gobierno de España.

«Estaba claro lo que querían hacer desde la Generalitat: desterrar el español de las aulas y de los ámbitos culturales y sociales. Estaban imponiendo el uso exclusivo del catalán con la idea de la normalización de la lengua, un concepto aceptado por todos los que firmamos, pero que debía ser transitorio y nunca mediante la exclusión y la imposición», señala Santiago Trancón, que en 1981 era compañero de Jiménez Losantos en el departamento de Lengua y Literatura españolas en el instituto y fue el redactor principal del 'Manifiesto de los 2.300'. Trancón militaba en el PSC y en la UGT.

Este detalle, el de su militancia política y sindical, no es menor, pues hasta 1981 las principales –sino únicas– quejas por la incipiente política lingüística de Pujol las lideraron los sindicatos, tal y como expresaron en una rueda de prensa en enero de 1981: «La situación de muchos funcionarios castellanoparlantes que ejercen la docencia en Cataluña empieza a ser desesperada y aún podría ser peor de no haber empezado a organizarnos para la defensa de nuestros derechos ciudadanos». No hizo falta esperar cuatro décadas para que los 'funcionarios castellanoparlantes' sintieran en sus carnes el abandono de los sindicatos y aquella 'organización' quedase en nada. En dos años, unos 14.000 profesores dejaron Cataluña. «Sin la izquierda, no hubiera sido posible. Hizo el trabajo sucio al nacionalismo», recuerda Jiménez Losantos. «Nos engañaron con promesas, pero nada», apunta José María Fernández Gutiérrez, en aquellos años profesor de Literatura española en la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona) y hoy en día el único superviviente de los 'veinte' que decidió quedarse en Cataluña.

Tras la publicación del manifiesto, en 'Diario 16', después de haber sido rechazado por los diarios catalanes –'La Vanguardia' lo publicó dos días después con la correspondiente respuesta y el menosprecio de Heribert Barrera, presidente del Parlamento de Cataluña y líder de ERC, en la misma página, y 'El País' tardó cuatro meses en hacerlo–, se puso en marcha una campaña radical de ataques 'ad hominem' y desprestigio, tanto personal como profesional, de los firmantes del texto. Pero, ¿estaba justificada la «profunda preocupación» por el uso del español en Cataluña, tal y como advertían los impulsores del texto? ¿Se vería amenazado el «ambiente de libertad, tolerancia y respeto» lingüísticos si se aplicaban las políticas aprobadas por el Govern de Pujol? ¿Era una discriminación que las instituciones autonómicas empezasen a utilizar el «uso exclusivo» del catalán en sus comunicados a la población, en la rotulación pública y que mostrasen su «desprecio» al uso del castellano? ¿Tenía «connotaciones racistas» que, ya entonces, altos cargos de la Generalitat justificasen «el intento de sustitución del castellano por el catalán como lengua escolar de los hijos de los emigrantes» con el argumento de que estos «no tienen cultura»? ¿Por qué los políticos catalanoparlantes, tras sufrir en sus carnes durante el franquismo la discriminación por no poder usar el catalán, ponían en marcha una escuela monolingüe , sin reconocer «la existencia de dos lenguas en igualdad de derechos» que reconociese la «realidad social bilingüe» de Cataluña? ¿Acaso no fue «la clase obrera» la gran perjudicada por esta política lingüística, que llevó, incluso, a la situación «humillante» de que muchos castellanoparlantes catalanizaran sus nombres, y los de sus hijos, porque así creían que progresarían socialmente? Todo esto se apuntaba en el manifiesto. Parece evidente que, visto 40 años después, acertaron.

«El manifiesto fue premonitorio. Todo lo que se decía en el texto se ha cumplido. Y podría no haber sido así. La idea era desplazar el castellano de la vida pública, pero también de la vida privada. Una monstruosidad», lamenta Amando de Miguel, cuyo nombre encabezaba el 'abajo firmantes', que era catedrático de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona y vicedecano de la Facultad de Económicas. «Me pusieron primero por mi categoría académica e intelectual, pero me sumé cuando el texto estaba ya redactado. Lo firmé porque estaba de acuerdo, claro. Veníamos de la época de Tarradellas, que vimos con gran esperanza, pero tras llegar Pujol, las cosas cambiaron», recuerda ahora.

Pujol accede a la presidencia de la Generalitat el 24 de abril de 1980 y como eje de su política de gobierno –detallada en el debate de investidura del 22 de abril–, en tanto que la lengua catalana es el nervio de la nación, el nervio del pueblo catalán, y bajo el sofisma de la recuperación de su uso («normalización de la lengua catalana»), anuncia una estrategia de catalanización de todo el espacio público.

En junio, Pujol aprueba el Decreto 90/1980, que obliga a la administración autonómica, a sus organismos y al resto de instituciones vinculadas a utilizar el catalán como «vehículo normal de expresión en sus documentos, actos públicos y en los de la administración ordinaria», y crea la Dirección General de Política Lingüística, situando al frente de la misma a Aina Moll, filóloga menorquina que permanecerá en el cargo hasta 1988. Moll se convirtió, tras la publicación del manifiesto, en la punta de lanza de los despiadados ataques contra sus firmantes.

A la vuelta del verano, en octubre, el Gobierno traspasa las competencias de enseñanza a la Generalitat (Real Decreto 2809/1980). Todo el poder del día a día de los niños, y el control del profesorado, en manos del ejecutivo nacionalista que ya ha dicho públicamente que su objetivo es catalanizarlos. Y se pone manos a la obra. En ese mismo curso escolar, 1980-1981, los profesores interinos se ven obligados a firmar un documento en el que aceptan que, en caso de no obtener el llamado 'reciclaje en catalán', que consiste en pasar un curso titulado 'Lengua y didáctica de la lengua y cultura catalanas', perderán su derecho y la plaza en la bolsa de interinaje. Además, la Generalitat establece un nuevo baremo para la contratación de profesores interinos otorgando la máxima puntuación a los aspirantes que residan en Cataluña y dominen el catalán, por delante de los referidos a los aspectos pedagógicos.

El curso escolar empieza con algunos centros como laboratorio social de la catalanización que pretende Pujol. Uno de esos centros está en Santa Coloma y en él imparten clase Trancón y Jiménez Losantos. «Fue el inicio de las peleas en los claustros de profesores. Querían imponer el catalán en todo. Primero lo vendían señalando que era para aplicar la cooficialidad , luego que el catalán debía ser el idioma prioritario y, una vez conseguido, se convirtió en la lengua única», dice Trancón, que la semana que viene publica un libro, 'España sentenciada, pero no vencida' (Última línea), en el que fija estos acontecimientos como «la base del 'procés'», el intento de secesión ilegal de Cataluña que culminó (y fracasó) en 2017.

Ante la situación creada, un grupo de sindicalistas (como por ejemplo José María Vizcay) y profesores de escuelas e institutos, principalmente, se movilizan. Se contacta con profesores y catedráticos de universidad (el citado Amando de Miguel y Pedro Penalva, José Sánchez Carralero, Benjamín Oltra, Esteban Pinilla de las Heras...), también intelectuales como Alberto Cardín, escritor y traductor, que liderará el movimiento a favor de los derechos de los homosexuales poco después; Carlos Sahagún, que en ese 1980 es galardonado con el premio Nacional de Poesía; y la editora Amelia Romero. Todos aparecen como los primeros 'abajo firmantes', lista en la que se incluye también, entre otros, a Jesús Vicente, del PSC y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Coloma. El manifiesto está cerrado y firmado el 25 de enero de 1981, fecha con la que saldrá publicado el 12 de marzo. Su retraso es culpa de un grupo de militares golpistas que el 23 de febrero (23-F) interrumpen la sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. Los golpistas se convierten, así, en los mejores aliados del nacionalismo catalán, convertido ya en un movimiento capaz de intoxicar a su gusto todo lo que pueda dificultar la obtención de su objetivo final. Desde las instituciones autonómicas no se dudará en relacionar el manifiesto con el 23-F.

El 12 de marzo, en el suplemento 'Disidencias' de 'Diario 16' se publica íntegro el texto. Las reacciones son inmediatas. Furibundas. Ataques personales, amenazas constantes, sobre todo en las facultades. Dos días después, Barrera sigue el guion previsto, vincula el texto al 23-F y pide que se «desprecie la actitud de esta gente (los firmantes) y no hacer caso de lo que dicen». El 15 de marzo, 'El País' se apunta a la carga e informa del asunto dando voz a las «reacciones» en una información firmada por Alfons Quintà, que al poco se pone al servicio de Pujol para montar TV3, televisión de la que fue su primer director (1982-1984).

El 16 de marzo, Moll envía 26 preguntas a los promotores para que confiesen, al más puro estilo soviético, cómo han recogido las firmas, durante cuánto tiempo, si han sido invitados a firmar todos los profesores castellanoparlantes, por qué se publicó en Madrid y «no en Cataluña» y qué documentos aportan para «justificar» sus afirmaciones. La Generalitat redacta y distribuye un texto, firmado por los rectores de las tres universidades, algunos catedráticos de Lengua catalana y representantes de entidades como Òmnium Cultural y el PEN Club contra el 'Manifiesto de los 2.300'.

La presión va en aumento. El 18 de marzo se presenta la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes calificando a los firmantes del texto como «ocupantes» y se les invita a marchar de Cataluña. 'El País' sigue en la campaña y publica, el 5 de mayo, un editorial titulado 'Recelos anticatalanes', señalando que los firmantes del manifiesto se acercan a posturas dictatoriales.

Las amenazas son constantes. A De Miguel le reciben en su facultad con una pancarta con el lema «Go Home!», Sánchez Carralero tiene que soportar que un miembro de Terra Lliure hable con su hijo por teléfono y le diga que van a por su padre y ver cómo empapelan la universidad con su nombre remarcado en el texto del manifiesto. Fernández Gutiérrez teme algún tipo de 'motín' estudiantil y, echándole valor, lee íntegramente el texto en su clase y les anima a comentarlo. «Decidí que nadie me iba a tumbar. Los que no eran alumnos míos se fueron», recuerda.

Y llega el 21 de mayo de 1981. Jiménez Losantos es secuestrado por Terra Lliure. El terrorista Pere Bascompte le dispara en la pierna. Es una advertencia por 'anticatalán'. «ERC se negó a condenar el atentado», recuerda el ahora periodista, que añade: «Humanamente, Miquel Roca, Francisco Fernández Ordóñez y Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona se portaron bien. Excepcional fue Tarradellas, que me envió una carta muy bonita. Aquello fue solo el principio de lo de hoy». Lo que vino después fue el rodillo nacionalista con el visto bueno del Gobierno de España: más decretos y leyes que arrinconan el bilingüismo y expulsan el uso del español de la esfera pública.

Hoy, 12 de marzo de 2021, los firmantes vivos de aquel manifiesto acompañados de medio millar de intelectuales más, coordinados por la asociación Impulso Ciudadano, reivindicarán la vigencia de los argumentos que les llevó a suscribir el 'Manifiesto de los 2.300' en 1981. Como entonces, «no queremos otra cosa, en definitiva, para Cataluña y para España, que un proyecto social democrático, común y solidario».