Millet y Montull no declaran pero exculpan al tesorero de CDC

Los saqueadores confesos del Palau de la Música, Félix Millet y Jordi Montull acudieron ayer a declarar por segunda vez —la primera fue en octubre del año pasado— ante el juez que investiga el expolio palaciego, Juli Solaz. Ambos acusados habían sido requeridos por la Fiscalía y el Consorcio del Palau para que dieran nuevas explicaciones del desvío de dinero de la entidad. Después de la que las auditorías hayan cifrado el desfalco en 35 millones de euros —y no los 3,3 que ambos confesaron el año pasado— y después, sobre todo, de que en el informe de la Agencia Tributaria se apunte a que CDC —junto a Millet y Montull— cobraron comisiones de constructoras como Ferrovial, a través del Palau, por la adjudicación de obras públicas.

Pero Millet y Montull se acogieron a su derecho a negarse a declarar. Con matices. Montull entregó un escrito al titular del Juzgado de Instrucción número 30 en el que justificó su silencio porque ya se explicó en octubre de 2009 y porque «tampoco quiere que sus manifestaciones pudieran ser utilizadas en batallas políticas que nada tienen que ver con los hechos investigados».

La mano derecha de Millet concluyó su escrito con dos precisiones nada precisas. Primero, niega que el desde anteayer ex tesorero de CDC, Daniel Osácar, sea el «Daniel» que aparece vinculado a pagos a la formación que lidera Artur Mas en varias documentos que incautados que obran en la causa, tales como su agenda. ¿Quién era pues el tal Daniel? Montull no lo dice.

Asimismo, niega que las siglas G.P.O., que la Agencia Tributaria relaciona con Ferrovial y con supuestas facturas falsas y pagos de comisiones, correspondan a la empresa G.P.O. Ingeniería, que participó en la construcción de la Línea 9 del Metro y de la Ciudad de la Justicia, dos obras que se sospecha que fueron compensada con comisiones a CDC. ¿Qué es pues G.P.O.? Montull no lo dice.

A su vez, Millet sólo rompió su silencio para matizar dos «detalles» de viva voz, según fuentes judiciales. Justificó que el Palau pagara las bodas de sus dos hijas, que costaron 200.000 euros. Alegó para ello que eran actos institucionales, y que por la relevancia de los invitados contribuirían a dar publicidad a la institución y permitirían dar a conocer los salones de la entidad recién remodelados. Nada dijo de por qué entonces pidió a uno de sus consuegros que pagara la mitad del convite.

Luego, como si recitara de memoria lo que le había enseñado su abogada, Millet añadió que fue un «error» que el Consorcio del Palau costeara unas obras en sus viviendas y unos viajes de su familia, pero precisó que no fue consciente de ello hasta que se destapó el saqueo. Buscaba así Millet quitarse de encima una posible acusación añadida de malversación de fondos públicos.

La jornada judicial acabó en silencio pero comenzó con a la postre la única declaración señalada que sí se llevó a cabo: la de la hija de Montull, Gemma, también imputada.

Como ya hiciera hace más de un año, la ex directora financiera del Palau de la Música a responsabilizó a sus «superiores» —Millet y su padre—, de las anotaciones en su dietario que relacionaban entregas de la constructora Ferrovial al Palau con pagos a CDC.

Según explicó su abogado, Gemmal afirmó que ella se limitaba a obedecer las órdenes de sus superiores, que le habían indicado que debía pagar las facturas relacionadas con CDC una vez recibidos los cobros de Ferrovial. «Era mera contable del Palau, sin capacidad de decisión, no decidía, ni tenía firma», explicó a los periodistas su abogado, Jesús Silva, quien destacó que su clienta está «cansada de soportar sobre sus espaldas el peso de la sospecha».