Escuela de Todos pide a Sánchez que actúe y requiera al presidente catalán el cumplimiento de la sentencia del 25%

La plataforma pide a Sánchez que «requiera al presidente de la Generalitat para que se comprometa a hacer posible que en el próximo curso 2022-2023 la implantación en la enseñanza no universitaria de un modelo que garantice a los alumnos catalanes el derecho a ser educados con carácter vehicular en castellano y en catalán, y también en aranés en el Valle de Arán«. Le insta también a que advierta a Aragonés de que »de no retirar los instrumentos legales que dificultan la ejecución de la sentencia de 16 de diciembre de 2020 -obliga al Govern a impartir un 25 por ciento de las clases en castellano en todo el sistema educativo- interpondrá recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 8/22 y el Decreto 6/22 de la Generalitat de Cataluña y, al amparo del artículo 30 de la Ley del Tribunal Constitucional, solicitará la suspensión de su eficacia«.

En la misiva, consultada por ABC, Escuela de Todos, de la que forma parte la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), una de las entidades que reclamó la ejecución forzosa del fallo, expresa a Sánchez su deseo de «que estas peticiones formen parte de su posicionamiento en la próxima mesa de diálogo« y de que «los acuerdos que se logren beneficien al conjunto de los ciudadanos, no sólo a los de ideología nacionalista o independentista». En este sentido, Escuela de Todos muestra al presidente del Gobierno su «desconfianza» con respecto a los objetivos que plantearán ambos gobiernos en la reunión bilateral, contenidos en el documento 'Acuerdo Marco para el diálogo y la negociación', suscrito por representantes de los Gobiernos de la Nación y de la Generalitat.

Según la plataforma, en el texto refrendado por ambos presidentes se fijan como objetivos: «superar la judicialización, garantizar la seguridad jurídica, respetar los derechos humanos y defender el derecho a discrepar«. Se plantea buscar acuerdos «para la resolución del conflicto».

En este sentido, Escuela de Todos muestra a Sánchez su «más absoluta desconfianza en relación con la constitución de una mesa de Diálogo en la que la prioridad del gobierno nacionalista es profundizar en la ruptura del marco constitucional«. »No obstante, lo anterior, -añade- y en aras a la superación del conflicto, nos parece imprescindible que tenga en cuenta que las peticiones formuladas por el gobierno catalán no responden a los intereses de todos los ciudadanos, sino que se centran en reclamaciones de corte identitario y rupturista que tratan de ahondar en la deslegitimación de la Constitución española«.

La plataforma señala al presidente del Gobierno que «una expresión de la falta de lealtad constitucional del Gobierno de Cataluña se manifiesta en la situación de desigualdad en el tratamiento de las lenguas vehiculares que padecen los alumnos en la enseñanza no universitaria«, desigualdad que, según precisa, »ha sido el origen de la sentencia de 16 de diciembre de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo) que pretende garantizar el derecho de los alumnos a ser escolarizados en castellano y en catalán en el sistema educativo de Cataluña.

Ésta es solo una de las ocho reflexiones que contiene la carta dirigida a Sánchez por las quince entidades, en la que le recuerdan que «las autoridades tienen obligación de cumplir y hacer cumplir las sentencias, pero el Gobierno catalán ha desarrollado actuaciones destinadas a hacer inviable el contenido de la sentencia de 16 de diciembre de 2020» con la «dolorosa inactividad del Gobierno de España».

Escuela de Todos aclara al Presidente que «en Cataluña, en contra de lo que manifiesta el documento de trabajo de la citada Mesa de Diálogo, la judicialización de la política no es un problema trascendental salvo para los infractores o delincuentes. La cuestión preocupante es la constante vulneración de la seguridad jurídica y de la tutela judicial efectiva de aquellos ciudadanos que acuden a los Tribunales para reclamar los derechos lingüísticos que, especialmente en el ámbito de la educación, las autoridades catalanas les expropian arbitrariamente«. En este sentido, le informan de que »desde hace treinta años, la Generalitat incumple el mandato constitucional de garantizar la enseñanza vehicular en español en los centros educativos«.

«La Generalitat y el Gobierno de España tienen que aprovechar el diálogo para poner fin a un conflicto que amenaza el Estado de Derecho, pero da la impresión, en cambio, de que trabajan para consensuar medidas en contra de los derechos fundamentales y favorecer el fraude legal que han diseñado las autoridades catalanas para eludir el cumplimiento de las sentencias que obligan a implantar un modelo de educación bilingüe en catalán y castellano en la escuela catalana«, concluye la plataforma.