El PP lleva de nuevo al Constitucional la ley catalana que legitima la okupación
Tumbada de inicio por el TC, el Parlament recuperó la regulación que obligaba a ofrecer un alquiler social alternativo a los inquilinos ilegales
Barcelona
La política de vivienda de la Generalitat de Cataluña regresa al Tribunal Constitucional. Un recurso del grupo parlamentario del PP, ya admitido a trámite, pretende la nulidad de varios artículos de la citada ley, entre los que se encuentra, por ejemplo, la obligación de ... los grandes propietarios de ofrecer una alquiler social alternativo a personas en situación de vulnerabilidad aunque estuviesen ocupando de manera ilegal una propiedad, lo que según el sector era una legalización de facto de la okupación. En su momento, enero de 2021, el TC tumbó dicha regulación, aprobada por el Govern en la fase inicial de la pandemia. Si bien se anuló por un defecto de forma, al entender el TC que debía haberse tramitado por ley y no por decreto ley, el Constitucional fue muy claro al apuntar que el texto carecía de «toda racionalidad» al suprimir «de facto» el derecho de propiedad e incluir una serie de medidas «coactivas no voluntarias» limitativas del citado derecho.
Tras el fallo del TC, un año después, el Parlamento catalán recuperaba la misma regulación, entonces ya en formato ley, y con el apoyo de todos los grupos excepto Vox, Cs y PP. Ahora, los populares llevan de nuevo al Tribunal Constitucional la citada aprobación, considerando que el nuevo texto, así es, sigue siendo prácticamente el mismo que motivó el primer recurso.
Entre otras alegaciones, el recurso del PP señala la invasión de competencias del Estado así como el hecho que varios de los puntos aprobados restringen «desproporcionadamente la facultad de los propietarios para reivindicar su dominio».
Con la oposición del sector inmobiliario, la aprobación de la ley contó ya de inicio con el rechazo del Consejo de Garantías Estatutarias, el mismo órgano consultor, cuyas dictámenes no son vinculantes, que ya alertó de que el decreto ley original era inconstitucional y vulneraba los derechos de los dueños de las viviendas a recuperar sus propiedades si eran ocupadas. En la misma línea de razonamiento, el recurso del PP plantea que el contrato de alquiler social forzoso alternativo que establece la ley incluso para los ocupantes ilegales «es en verdad un mecanismo que los poderes públicos de Cataluña emplean para trasladar indebidamente sus propias responsabilidades a la ciudadanía y, concretamente, a los propietarios».
En el sector inmobiliario ya se denunció en su momento la nueva regulación, tan solo una medida más de las adoptadas en los últimos años en Cataluña, comunidad que, según el sector, pierde pie en favor de Madrid.
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