El Gobierno 'indulta' la ley catalana de alquileres, aunque la recurrirá al TC

Desde Barcelona, el PSC ha ahondado en los detalles del recurso. Así, la portavoz de los socialistas catalanes en el Parlament, Alícia Romero, ha asegurado también que no se producirá una suspensión automática de la norma catalana ya que los socialistas intentarán que antes se apruebe en el Congreso una Ley aplicable en toda España. Asimismo, ha destacado que el PSC ya se posicionó en contra de la regulación catalana porque un informe del Consell de Garanties Estatutàries de la comunidad señalaba que el Parlament no tenía competencias para regular el precio del alquiler.

En este sentido se ha expresado también Ábalos, quien tras la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE ha dejado claro hoy que el Gobierno tiene que recurrir la norma catalana porque «es muy difícil» no hacerlo después del informe «ya negativo» del consejo de garantías estatutarias. Con todo, el ministro de Transportes y Agenda Urbana ha avanzado que el Ejecutivo no pedirá la suspensión de la norma en tanto que el TC resuelve, algo que no ha dudado en definir como «un gesto» .

Según Ábalos, este precedente -asumir que se respetarán capítulos de la ley catalana- debe servir también de cara a las negociaciones que se sustancian en el seno de la coalición con Podemos para alumbrar una nueva ley de vivienda. Por otra parte, el ministro ha destacado además la necesidad de que la nueva norma «garantice la seguridad jurídica» de una ley que también ha recurrido el PP, aunque en este caso su demanda no tiene margen para reclamar la suspensión de la norma catalana.

La decisión del Gobierno de no pedir la suspensión cautelar de la norma es coherente en cualquier caso con el intento del Ejecutivo de Pedro Sánchez de no enfrentarse con la Generalitat en un tema sensible y que genera también fricciones entre el PSOE y Podemos. De hecho, y como informó ABC el pasado 14 de abril, el Gobierno venía dilatando la presentación del recurso aún a sabiendas de que la ley era a todas luces ilegal. Así se recogía en el análisis jurídico encargado por el Ejecuivo sobre la citada norma, en la que se aprecia «la existencia de fundamentos suficientes para el planteamiento del procedimiento» de inconstitucionalidad , tal y como el Gobierno señaló en una respuesta parlamentaria al PP.

Pese a los indicios de inconstitucionalidad, la ley catalana de alquiler, en vigor desde septiembre de 2020, no fue recurrida por el Ejecutivo, con objeto, confesaba el Gobierno, de intentar «lograr una solución pactada entre ambas administraciones» y así «llevar a cabo una cogobernanza eficaz con las comunidades bajo la premisa del principio de colaboración». Desde el punto de vista político, este 'indulto" del Gobierno a la ley catalana representa un «gesto» con el Govern Aragonès -así lo ha definido ábalos hoy- que llega en plena fase de distensión con el nuevo ejecutivo catalán, liderado ahora por ERC.

Pese a ello, los republicanos no han valorado hoy el paso del Gobierno y han clamado contra el recurso al TC. «Si recurren esta ley, la suspendan o no, será un error político gravísimo, una demostración de que se va otra vez contra las instituciones catalanas y contra la gente en un tema como la contención de los alquileres», ha resaltado hoy la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, tras la reunión semanal de la ejecutiva del partido de Oriol Junqueras. «Es un error gravísimo lo que va a hacer el Gobierno, les emplazamos a no hacerlo. Para nosotros el gesto sería no recurrir la norma », ha zanjado la portavoz de ERC.