La Generalitat se propone cumplir el déficit con más impuestos en los presupuestos de 2019

Si bien las cuentas de 2018 son la prórroga -firmada por Montoro- de los presupuestos redactados en 2017 por Oriol Junqueras con el beneplácito de la CUP, a la vista de la frágil mayoría parlamentaria del Ejecutivo de Quim Torra , las del año que viene también serán difíciles de alumbrar. No en vano, los antisistema ya han exigido al Govern que «desobedezca» e incumpla el objetivo de déficit. Petición que el nuevo vicepresidente y consejero de Economía, Pere Aragonès, ha descartado.

«Elaboraremos unos presupuestos sociales para luchar contra las desigualdades y la lucha contra la pobreza», se ha limitado a señalar el republicano, quien, no obstante, ha apuntado que estas cuentas estarán «condicionadas» por las reglas de déficit, deuda y gasto marcadas por el Estado. ¿Qué efectos tendrá eso? Para empezar provocará que la Generalitat deba compensar con nuevos ingresos o recortes un total de 688 millones de euros.

Según ha adelantado Aragonès, el Gobierno catalán estudia crear «impuestos innovadores» y revisar tasas ya vigentes para hacerlas más «progresivas» en el proyecto de ley de presupuestos de 2019, que volverá a tener una «prioridad social» . Así las cosas, todo apunta a que la reducción del déficit se compensará con aumentando la presión fiscal y no recortando partidas en los departamentos mejor dotados: Enseñanza y Salud.

Precisamente hoy, el Departamento de Economía de la Generalitat ha publicado una orden en el Diario Oficial de la Generalitat con la cual se pone en marcha la maquinaria interna para la elaboración de las cuentas de 2019, que deben «dar cumplimiento» a los objetivos fiscales establecidos por la ley de estabilidad financiera.

Los objetivos y metas planteados por Aragonés han sido recibidos con escepticismo por la oposición en la comisión de Economía del Parlament. Así las cosas, los representantes de Ciudadanos y el PP han reprochado al conseller su «doble discurso», por defender la «república catalana» y al mismo tiempo comprometerse con los objetivos fiscales del Gobierno. Por su parte, el PSC ha denunciado que el consejero evitara hablar de las más de 3.000 empresas que han trasladado su sede social fuera de Cataluña.