La Generalitat obligará a los bancos y fondos de inversión a alquilar pisos a familias vulnerables

El decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda aprobado este lunes por el Govern incluye el alquiler social obligatorio , con una duración de hasta siete años, para personas que acrediten una situación de vulnerabilidad y se les acabe el contrato de alquiler, estén afectados por procesos de desahucios o lleven más de seis meses ocupando una vivienda en el momento de entrada en vigor del decreto.

Como novedad, el decreto también incluye entre los grandes tenedores de vivienda a los particulares que tengan más de 15 viviendas en propiedad, lo que permitirá a la Generalitat expropiar, como al resto de grandes tenedores, los pisos que estén más de dos año vacíos por el 50 % de su valor. Sin embargo, estas personas físicas no tendrán que ofrecer alquiler social en el caso de pisos ocupados.

El conseller de Territorio, Damià Calvet, ha explicado que en 2018 se realizaron unos 13.900 desahucios en Cataluña , un 4,8 % más que el año anterior, y que en los dos primeros trimestres de este año la cifra ha sobrepasado los 6.900, según ha recogido Efe.

Calvet ha presentado este nuevo decreto como un "plan de choque" que pretende combatir las situaciones de emergencia residencial, aumentar el número de viviendas protegidas en régimen de alquiler y contribuir a la moderación de los precios de los alquileres en viviendas privadas.

La Generalitat ya aprobó un decreto de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda en marzo de este año pero, al no contar con los apoyos necesarios para aprobarlo en el Parlament, el Gobierno catalán optó por retirarlo. Sin embargo, Calvet ha asegurado que las medidas que incluyen el decreto aprobado este lunes se han trabajado básicamente con socialistas y comunes .

En la línea de crear condiciones para aumentar el parque de viviendas, el suelo de equipamientos admitirá construir alojamiento temporal para atender a familias en situación de emergencia. También se implementan herramientas para considerar como desocupados los edificios en obras inacabadas y se podrán movilizar para generar más viviendas asequible.

La Generalitat aprobará antes de un año el Plan Territorial Sectorial de Vivienda y permitirá reservar para vivienda protegida un mínimo del 50 % en suelo urbanizable y de un 40 % en suelo urbano no consolidado en municipios de demanda residencial fuerte y acreditada. En el área metropolitana de Barcelona la reserva mínima será del 40 % en suelo urbanizable delimitado y del 40 % en suelo urbano no consolidado que tenga por objeto su transformación a residencial.

Además, el decreto también define un nuevo modelo de vivienda de protección oficial que, en el caso del área metropolitana de Barcelona, establecerá un módulo único, que fijará el precio máximo de venta y renta de la vivienda protegida, lo que la Generalitat cree que animará a los promotores a construir este tipo de viviendas.

El decreto también incluye medidas para propiciar una moderación de los precios de alquiler de las viviendas del mercado libre a través del Índice de Referencia del precio del alquiler, que informa sobre la media del precio del alquiler de una vivienda de características similares en la misma zona.