Colau tira adelante la precontratación con una hora de antelación para los VTC de Barcelona

En concreto, el AMB ha aprobado inicialmente este martes en su sesión plenaria el nuevo reglamento que fija la antelación mínima de 60 minutos, así como multas de entre 301 y 1.400 euros para quien incumpla este punto. La normativa ha salido adelante gracias a los votos a favor de los comunes, PSC y CUP, la abstención de ERC y PDECat, y el "no" de Cs y PP.

El texto aprobado este martes encaja con las condiciones establecidas por el Decreto Ley que aprobó la Generalitat hace casi un mes y que ha supuesto la marcha de Uber y Cabify de Cataluña , que obliga a unos quince minutos obligatorios de precontratación y que deja la puerta abierta a que los entes supramunicipales y municipales puedan ampliar la antelación en base a criterios medioambientales, de congestión y de seguridad.

Además de las condiciones en la precontratación, la normativa veta la captación de clientes en la calle o en puntos reservados para taxis, el incumplimiento de los dos días de descanso obligatorios (uno entre semana y otro en fin de semana), el uso de la geolocalización y no disponer de una póliza de seguro en los parámetros exigidos.

La votación ha llegado el mismo día en que Unauto VTC Cataluña, la asociación que agrupa a la mayor parte del sector en el territorio catlaán, ha exigido al Govern que tenga en cuenta las contundentes conclusiones del dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), antes de convalidar este mismo jueves en el Parlament el decreto ley.

El documento del CGE, que no es vinculante, deja claro que el decreto ley "vulnera el derecho a la libertad de empresa" de la Constitución. "No respeta los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad que debe tener toda regulación. Sería impensable que el Parlament de Cataluña convalidase un decreto ley considerado inconstitucional por el Consell de Garanties Estatutàries”, ha asegurado Eduardo Martín, presidente de Unauto VTC.

Los afectados, que temen la desaparición de más de 3.000 puestos de trabajo en Cataluña con la normativa, destacan que “nos alienta ver como, efectivamente, las autoridades nos dan la razón una vez más, frente a esta regulación sin sentido y que ha sido elaborada como consecuencia del chantaje del taxi a las instituciones, con el único objetivo de proteger su monopolio”.