Bartomeu Muñoz, a su salida de la cárcel en mayo de 2010 - EFE

Muñoz niega las irregularidades y afirma que él y Luigi siguen ligados al PSC

El ex alcalde de Santa Coloma de Gramanet, imputado en el caso Pretoria, descarta volver a la política

BARCEONA Actualizado: Guardar
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El ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, imputado en el caso Pretoria, encarcelado y en libertad bajo fianza de 500.000 euros desde diciembre, aseguró ayer que en el ejercicio de su cargo no ha cometido «ninguna irregularidad» y que en materia urbanística siempre ha actuado como cualquier Ayuntamiento. Muñoz aseguró además que el supuesto cerebro de la red de tráfico de influencias, Luis García «Luigi», afirma seguir perteneciendo al PSC y estar al corriente del pago de cuotas del partido y como patrono de la Fundació Rafael Campalans. Un extremo que rápidamente desmintió el partido y que obligó al presidente de la Generalitat, José Montilla, a responder a un presunto delincuente desde los micrófonos de Catalunya Ràdio.

«Ni una sola» irregularidad, reiteró en una entrevista en TV3, en la que además se mostró «convencido» de que así fue durante los siete años de mandato al frente del Ayuntamiento. Muñoz negó todas las acusaciones judiciales, así como los informes realizados por la Sindicatura de Comptes en los que alertaba de las irregularidades llevadas a cabo en Santa Coloma, y reiteró que lo que sucedió en el municipio no es diferente de lo que se sucede en otros consistorios.

También negó haber realizado adjudicaciones a dedo. «Nunca en la vida, aseguró, pasaron el concurso correspondiente» y tachó de «radicalmente falso» los tratos de favor a determinadas constructoras. Muñoz dio por supuesto que trás el «caso Pretoria» se esconde la necesidad «de alguien» de cuestionar la teoría del oasis político catalán, más allá de acusar simplemente al PSC, por lo que la supuesta caza de responsables políticos se extendió también a los ex altos cargos de CDC Maci Alavedra y Lluís Prenafeta.

En julio, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional desestimó la mayoría de recursos de los imputados contra las escuchas telefónicas, la prolongación del secreto, las detenciones y los registros.