Los disturbios en Barcelona, liderados por profesionales perfectamente organizados

El director de la policía autonómica, Albert Batlle , cifró esta semana en 50 el número de profesionales de la algarada que han liderado los disturbios en Barcelona estos días, una cantidad que otras fuentes elevan hasta 200. De hecho, la cifra de dos centenares es la que tradicionalmente ha señalado la policía autonómica como la responsable de las algaradas que de manera periódica se han ido reproduciendo en los últimos años en la ciudad.

Desde que los mitificados miembros del llamado «black block» –una suerte de internacional del disturbio– empañaron las protestas antiglobalización en Barcelona , mucho se ha especulado con el origen y motivaciones de los profesionales del disturbio. Bien vinculados a un movimiento okupa de larga tradición en Barcelona, con conexiones con redes anarquistas internacionales y antisistema , o a veces sin una motivación política clara, el fenómeno de la violencia urbana no siempre es fácil de clasificar.

Un punto de inflexión se produjo en lo que se conoció como «macrobotellón» del Raval , en marzo de 2006, una noche de violencia desatada, sin trasfondo político, pero que tomaba el relevo, a lo grande, de los tradicionales incidentes vividos año tras año durante las fiestas de verano de Gracia, en ambos casos con el alcohol como combustible.

De hecho, es desde entonces que se apela de forma recurrente a la cifra de los 200 violentos, con sus correspondientes relevos generacionales, aunque el movimiento okupa más ideologizado abomina de lo que se conoció durante años como la « kale borracha » –más masiva, esta sí de carácter espontáneo , habitual tras las celebraciones por títulos del Barça–. La Policía autonómica reconoce que se trata de fenómenos distintos.

Testigos directos de lo sucedido en Gracia estos días hablan de una pauta habitual de comportamiento: grupos muy reducidos de encapuchados, con las tareas perfectamente distribuidas . Una avanzadilla para comprobar la ausencia de policía da paso a grupos con grandes mazas de obra que revientan escaparates, cabinas telefónicas o, si se tercia, coches aparentemente de lujo, como los destrozados esta semana en calles como Gran de Gracia. Tras los de la maza, entra otro grupo con miniartefactos incendiarios hechos a partir de pastillas para encender fuego, más seguros de manejar que el tradicional « cóctel molotov », pero más eficaces cuando se trata de quemar contenedores. « Van perfectamente organizados, da miedo », reconocía a este diario un vecino cuyo balcón se asoma directamente sobre la «zona cero» de los disturbios de estos días en Gracia.

Para alarma de la policía, esta semana se ha dado un salto cualitativo, cuando un furgón de los Mossos fue rociado con líquido disolvente para a continuación recibir el impacto de una bengala, en un intento claro de incendiar el vehículo. Evidentemente, sostiene la policía, esto no se improvisa.

En paralelo al análisis y actuación policial contra el fenómeno, no se detiene la controversia política. Ayer mismo, el líder del grupo del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández , denunció que la alcaldesa Ada Colau siguió pagando al menos durante medio año el alquiler de los okupas de Gracia: desde julio, cuando se conoció que el Consistorio de CiU subvencionaba a los «squatters», hasta diciembre, cuando se rescindió el contrato. Colau, culpable «por omisión», sostiene el PP.