Colau reta a la justicia y anuncia que seguirá luchando contra los desahucios de familias vulnerables

En concreto, el TSJC puso en cuestión a finales de noviembre la tarea que realizan los técnicos del Servicio de Intervención en la Pérdida de Vivienda y las Ocupaciones (SIPHO, por sus siglas en catalán), una unidad con 18 profesionales que acompaña a ciudadanos en riesgo de perder su alojamiento y les ayuda en la mediación. En la carta de la juez decana se instaba abiertamente que el SIPHO se "abstenga de actuaciones que impidan la ejecución de las resoluciones judiciales ".

"El Ayuntamiento no solo defiende el servicio que realizan estas unidades sino que anuncia al TSJC que continuará trabajando de la misma manera", ha asegurado este miércoles el gobierno municipal en un comunicado en la que se explicaba la carta de respuesta, remitida esta misma semana. El equipo de Colau recuerda, además, que tiene a su disposición medidas como la ampliación constante del parque público, la creación de pisos temporales como los Aprop o ayudas para pagar el alquiler y evitar así que se llegue a un desahucio.

Igualmente, la consejera de Vivienda y Rehabilitación, Lucía Martín, ha añadido en una breve comparecencia que "nos parece un absoluto despropósito y un sinsentido que se cuestione un servicio de este tipo y no se diga nada de las prácticas ilegítimas que vulneran la legislación y atentan contra los derechos humanos y dejan indefensas las familias frente a desahucios". En esta línea, se ha preguntado "por qué no se cuestionan los dispositivos policiales totalmente desproporcionados e inadecuados que se mandan".

El gobierno municipal ha aprovechado el envío de la carta para reclamar, una vez más, cambios legislativos como la regulación del precio de los alquileres, que permitan proteger con más herramientas a las familias más vulnerables y que eviten que se tenga que llegar a situaciones de desahucios.

Fuentes del Ayuntamiento recuerdan que el SIPHO se creó en 2015 y fue pionero en España en su momento. El servicio de intervención ha ayudado a más de 10.000 unidades familiares y solo el año pasado se atendieron a unas 6.400 personas, un 30% de ellos menores de edad.