El Ayuntamiento de Barcelona denunciará al Ministerio del Interior por no cerrar el CIE de Zona Franca

El Ayuntamiento emitió una orden de precinto el 29 de marzo y avisó de que, si en un plazo de dos meses el centro no cerraba, llevaría al Ministerio a la Audiencia Nacional, que decidirá «si prevale el derecho urbanístico o el derecho del Ministerio a tener un equipamiento donde quiera y sin licencia», según las mismas fuentes consistoriales.

El ayuntamiento ordenó el cese de actividad del CIE en julio de 2016 por no contar con una licencia de actividad adecuada y no cumplir con normas de seguridad, pero el centro reabrió el día siguiente, después de ocho meses cerrado por obras de reforma.

Fuentes de la Policía Nacional han defendido también en declaraciones que el centro ha seguido con su «curso y funcionamiento normal», porque no se siente interpelado por la orden de precinto del ayuntamiento, ya que aseguran que no tiene la competencia.

Sostienen que el consistorio no cuenta con la «facultad legal» para ordenar el precinto del centro, que sí cerraría si así lo decidiera un juez, porque la Policía Nacional siempre cumple con las decisiones judiciales, han señalado las mismas fuentes a Ep.