La Justicia catalana desafía al Supremo y niega el castellano como lengua vehicular

El Tribunal Superior catalán avala por mayoría la inmersión lingüística impuesta por CiU en los colegiosConvivencia Cívica Catalana denuncia que este fallo «declara la independencia judicial en Cataluña»

BARCELONA Actualizado:

Tras dos días de deliberación, el Pleno de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó ayer por mayoría —21 votos a favor y uno discrepante, pero por insuficiente y en clave más nacionalista— avalar el actual modelo de inmersión lingüística en catalán y, a su vez, instar a la Generalitat a garantizar la atención individualizada a los alumnos que reclaman el castellano como lengua vehicular. Serán los padres de los escolares quienes deben solicitarla por vía oficial y, en cualquier caso, de modo individualizado.

El fallo —celebrado ayer de manera notoria por CiU y el resto del nacionalismo catalán— representa todo un desafío al Tribunal Supremo, que en diciembre de 2010 reconoció el derecho de tres familias a que sus hijos puedan educarse en Cataluña en un sistema educativo donde el castellano pueda ser también lengua vehicular en la escuela, y que instaba a la Generalitat a adoptar «cuantas medidas sean precisas» para adaptarse a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán, que dictaminó en el mismo sentido.

Una veintena de jueces

«Se ha declarado la independencia judicial de Cataluña», resumía ayer un indignado Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana (CCC), la entidad que representa a las familias que piden que el castellano sea lengua vehicular en Cataluña.

En un polémico auto, el Tribunal decidió «estimar parcialmente» el recurso que en su día presentó la Generalitat contra el ultimátum de la Sección Quinta de la misma Sala del TSJC, que le instaba a garantizar que el castellano sea también lengua vehicular en Cataluña. Así, la veintena de magistrados —solo se ausentaron dos por baja— acordaron dejar sin efecto aquel ultimátum, aunque advierten de que el Departamento de Educación de la Generalitat «no ha acreditado haber ejecutado debidamente» las sentencias del Supremo.

Así, fallaron —sin entrar en el fondo de la cuestión, dicen— que debe reconocerse «la situación jurídica individualizada» de los padres que recurrieron al TS y al TSJC para exigir la educación en castellano. En otras palabras, «condenan» a los padres que reclaman una educación en castellano para sus hijos —el auto de ayer alude una sola familia pero se hará extensivo a las otras dos— a que la reciban de forma individualizada y previa petición a la Administración, la Generalitat. «Es como decir que se puede vulnerar un derecho siempre y cuando nadie reclame», señaló el presidente de Convivencia Cívica, quien recordó que ya son 500 familias las que se han dirigido a la Generalitat para reclamar la educación en castellano.

Con esta decisión, los miembros de su Sección Quinta se enmiendan a sí mismos y, por ende, al Supremo, órgano ante el que recurrirá Convivencia Cívica y que volverá a tener la última palabra en esta cuestión. La resolución dictada ayer por la justicia catalana corre el riesgo de caer como un jarro de agua fría en el Tribunal Supremo, toda vez que el TSJC es un órgano de rango inferior que tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las sentencias del alto Tribunal.

«Descontextualizada» De entrada, el pleno de lo Contencioso catalán da a entender que no cabe entrar en el fondo de la cuestión porque en este momento procesal —una decisión sobre un recurso presentado contra un auto de ejecución— «no puede contrariar el sentido del fallo», en alusión a la sentencias del Supremo. «Es algo que excede en mucho de lo que es la función propia de este órgano jurisdiccional, actuando como mero ejecutor del fallo dictado por otro, y superior, Tribunal (TS)».

Sin embargo, a renglón seguido, los magistrados sugieren que el contenido de las sentencias del Supremo ha sido descontextualizado en favor de quienes defienden la tesis que avala el castellano como lengua vehicular. Y se insinúa que el Supremo pudo incluso ir más allá de lo que debía al concretar sus exigencias en favor del castellano —la tesis que esgrimía la Generalitat—, y también deja caer que el TS podrá aclarar las sentencias que dictó en 2010 si se recurre ante él. Esto es, en cierto modo el Tribunal catalán plantea que es el Supremo quien debe aclarar el alcance de sus sentencias sobre el castellano.

«Pretender extraer, desde una lectura descontextualizada y literal de una frase del fallo del alto Tribunal (TS), un pronunciamiento general sobre el uso del castellano como lengua vehicular en el sistema educativo de toda Cataluña (...) es algo que excede en mucho la función de este órgano jurisdiccional...», señalan. Un «pronunciamiento —precisan— que podría ir más allá de lo que, en respeto al principio de congruencia, podía haber llegado a decidir la Sala Tercera del Tribunal Supremo».

En su maniobra escapista, el TSJC está en el trance de generar un conflicto con el Supremo, ún subrayó el abogado de Convivencia Cívica Catalana, Ángel Escolano, quien cree que hoy se «contradice lo que en su día dictó el Supremo, quien defendió que para garantizar la implantación del castellano como lengua vehicular no basta con la atención a los alumnos que lo pidan».

En el año 2010, tal y como recuerda en los antecedentes de hecho del auto del TSJC, el Supremo declaró el derecho de los recurrentes «a que el castellano se utilice también como lengua vehicular en el sistema educativo» de Cataluña. Por si quedaban dudas sobre si se trataba de un todo o de la suma de casos individuales, el alto Tribunal instaba al Gobierno catalán a adaptar «su sistema de enseñanza» a la nueva situación creada por la sentencia del Constitucional sobre el recurso contra el Estatuto de Cataluña. El alcance de los pronunciamientos del Supremo ya fue motivo de controversia cuando el ultimátum dictado por la sección quinta de la sala del Contencioso del TSJC. El presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, afirmó en unas primeras declaraciones que las sentencias en favor del castellano sólo implicaban a los recurrentes, pero a las pocas horas rectificó y abonó la tesis de que eran extensivas a todo el sistema escolar.

Un voto aún más allá Las palabras de Rigau habrían sido secundadas a pie juntillas por la única magistrada discrepante en la resolución de ayer del TSJC. Se trata de Núria Clèries, que firma el único voto particular. Esta magistrada se opone al fallo porque entiende que el recurso de la Generalitat debió ser estimado en su totalidad; porque las sentencias del Supremo «ya se ejecutan».

Esta magistrada —que ocupó dos direcciones generales en la Consejería de Justicia en tiempos del tripartito—, recalca que el propio Supremo señala que tanto el castellano como el catalán deberían ser vehiculares si la Generalitat creyera «que el objetivo de normalización lingüística estuviera ya conseguido», lo que en su opinión aún no se ha logrado.