EL PUEBLO RECIBE LOS PRIMEROS 30.000 EUROS

Gobierno y Fiscalía estudian paralizar el cultivo de marihuana en Rasquera

Ayer fue un día agridulce para la tranquila localidad de Rasquera (Tarragona), epicentro desde hace días de la actualidad mediática

E. ARMORA
BARCELONA Actualizado:

Ayer fue un día agridulce para la tranquila localidad de Rasquera (Tarragona), epicentro desde hace días de la actualidad mediática. El mismo día que el Ayuntamiento recibía los primeros 30.000 euros del polémico convenio para que la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCA) pueda plantar la marihuana en terrenos del municipio, la Fiscalía Antidroga avanzaba que estudiará la legalidad del cultivo.

También el Gobierno prevé impugnar la plantación y la Fiscalía de Tarragona notificó ayer que ya ha abierto diligencias informativas para determinar si es viable. Una de cal y tres de arena para un Consistorio al que desde hace días apuntan todas las miradas. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aumentó ayer la presión sobre la localidad al confirmar que la Fiscalía analizará si el proyecto se ajusta a la legalidad con el fin de garantizar «el principio de seguridad jurídica» de cara a la convivencia humana. También la Abogacía del Estado cuestiona abiertamente la iniciativa del pueblo catalán.

Estos anuncios llegan apenas 24 horas después de que la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, reclamara al Ayuntamiento información sobre la iniciativa —ha solicitado el envío de las actas del pleno en el que se aprobó y ha pedido por teléfono al alcalde toda la documentación sobre el proyecto— y que el consejero de Interior, Felip Puig, advirtiera de que los Mossos actuarán y llevarán la plantación ante la Justicia.

El delegado del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas, Franciso de Asís Babín, confirmó a Efe que el Ejecutivo estudia impugnar la plantación. Lo dijo tras conocer que Rasquera recibió ayer el primer pago de la asociación cannábica, que asciende a 30.000 euros. El acuerdo prevé que obtenga 6.000 euros más en un mes y 1,3 millones en los próximos dos años.

«Perversión del lenguaje»

Babín denunció «la perversión del lenguaje» que usa el Consistorio para defender una actuación que «cumple desde todas las perspectivas la condición de un delito». En su opinión, no se puede recurrir al argumento de que en España existe «un resquicio legal» para justificar esta postura, porque en este país esté despenalizado el «autoconsumo» y el cultivo privado de cannabis, cuando se está hablando de una entidad con 5.000 socios, siete hectáreas de cultivo y un beneficio de 1,3 millones en dos años.