La Generalitat admitió ante un juez que el castellano es vehicular

Santamaría recuerda que las familias afectadas pueden recurrir para que otros jueces «tutelen lo que no se respeta»

BARCELONA Actualizado:

El Gobierno catalán presentó hace un mes ante el juez un escrito en el que reconocía que el castellano también es lengua vehicular, pero rechazaba introducir el bilingüismo en el sistema escolar. La resistencia de la Generalitat a otorgar al español la misma categoría que el catalán recibió el jueves el aval del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), quien respalda el derecho a pedir la escuela en castellano, pero a título individual, es decir, sin cambiar el sistema.

La lucha judicial en favor del bilingüismo escolar es larga y tiene varios frentes. Paralelamente a ese proceso, la Sección Cuarta de la misma Sala del TSJC tramita un recurso de la asociación Impulso Ciudadano —defensora de los derechos de los castellanohablantes— contra el decreto de la Generalitat que regula la dirección de los centros educativos públicos y del personal directivo. En sus alegaciones, el Ejecutivo admitió que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto declara inconstitucional la expresión «preferente» aplicada a la lengua catalana y que la Ley de Educación de Cataluña «no niega ni impide el carácter de lengua vehicular del castellano». Según esta parte, «la regulación estatutaria del catalán como lengua normalmente utilizada como vehicular en la enseñanza se ajusta al marco constitucional y no comporta la exclusión del uso vehicular de la lengua castellana». Sin embargo, añade que el derecho constitucional de conocimiento de la lengua castellana «no comporta un derecho a recibir la enseñanza exclusivamente en castellano», por lo que niega «un derecho del ciudadano de opción lingüística en el sistema educativo» y «una posición de igualdad de las lenguas en el sistema educativo». Esta causa sigue su curso.

Seis meses

Tras auto dictado anteayer por el TSJC, los abogados de los padres que reclaman la enseñanza en castellano tienen diez días hábiles para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Al tratarse de un trámite de ejecución que siempre es más rápido —el TSJC debía limitarse a ordenar el cumplimiento de la sentencia firme—, se calcula que la resolución del Alto Tribunal podría tener lugar en unos seis meses. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aseguró ayer que el Gobierno «defiende y seguirá defendiendo» el bilingüismo integrador. Tras expresar su respeto a las resoluciones judiciales, subrayó que queda abierta una vía de recurso «y habrá que estar a lo que se diga en sede de ese recurso».