El PP fuerza al Govern a detallar el coste de las embajadas

CiU acepta una moción en la que validala reorientaciónde su red exterior

BARCELONA Actualizado:

La Generalitat publicará anualmente el coste detallado del funcionamiento y mantenimiento de las oficinas y delegaciones de la Generalitat en el extranjero, después de que CiU apoyase ayer en el Parlament una moción impulsada por el PP en ese sentido. La moción —que prosperó con los votos de PP y CiU, la abstención de C's y el PSC, y el rechazo del resto de grupos— emplaza al Govern a reorientar la actividad de la acción exterior de la Generalitat a la internacionalización de la economía catalana, llegando incluso a cerrar alguna de las actuales «si corresponde».

De esta forma los populares midieron el nivel de compromiso de la federación con uno de los requisitos pactados con el PP para sacar adelante los Presupuestos de 2011: reformular la presencia exterior de Cataluña y orientar estas oficinas a un carácter eminentemente económico. Sin embargo, la moción de los populares no reclama directamente clausurar alguna de las delegaciones con las que cuenta actualmente la Generalitat, y se limita a plantear la «reconversión o cierre, si corresponde» de las actuales delegaciones en Londres, París y Berlín —no menciona ni Nueva York ni Bruselas—, informa Ep.

El diputado del PP Juan Milian lamentó que «se tire el dinero de los catalanes en sueños independentistas y duplicidades administrativas», y ha criticado el coste desorbitado de algunas de las delegaciones. Por su parte, la diputada de CiU Mireia Canals restó trascendencia a la moción y subrayó que el Govern no tiene previsto suprimir ni las oficinas ni las delegaciones, y reivindicó el derecho de Cataluña a «hablar de tú a tú con el resto de naciones».

Enfado de C's

Frente al acuerdo entre CiU y PP, el líder de C's, Albert Rivera, criticó que el PP no haya aceptado una enmienda de su partido en la que se pedía el cierre de las delegaciones de la Generalitat y que la acción exterior catalana se integre en la red diplomática y consular española, tal y como propuso el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo.