Mas celebra el fallo que avala su política de exclusión del castellano

La defensa del modelo de inmersión ha dado lugar a 14 años de lucha y desacato judicial

BARCELONA Actualizado:

Continúa la batalla lingüística en Cataluña. Después de catorce años de lucha para que se reconozca la libertad lingüística en esta Comunidad, el Tribunal Superior de Justicia catalán (TSJC) abrió ayer un nuevo frente que augura más episodios en esta larga guerra de desgaste que comenzó en 1998 con la aprobación de la Ley de Política Lingüística y que llegó a su punto álgido en julio de 2010 con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut. Casi dos décadas de litigio judicial y político, han servido de poco, más allá de tensar las relaciones entre Cataluña y el Gobierno español. A día de hoy, el catalán sigue siendo la lengua hegemónica en la enseñanza y un requisito imprescindible para prosperar en el ámbito laboral y social.

Los defensores de la causa bilingüe —representados por Convivencia Cívica Catalana (CCC), entidad creada en 1998 como reacción a la primera normativa lingüística— recibieron el primer varapalo ese mismo año cuando el Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, al que pidieron que intercediera y recurriera la ley, no les apoyó. «Antes bastaba una llamada al Defensor del Pueblo», indicó ayer a ABC, Francisco Caja, presidente de CCC, recordando las presiones nacionalistas que en 1998 hicieron rectificar al Álvarez de Miranda en su intención de recurrir la Ley de Política Lingüística. Esas mismas presiones nacionalistas han impedido muchos años después que se restablezca un bilingüismo «de facto» en los colegios. La batalla lingüistica se libró después a nivel individual. En el terreno educativo, la ofensiva que ha prosperado —la que ha motivado las cinco sentencias del Supremo en contra de la inmersión— arrancó en 2006 con las denuncias de tres padres (Consuelo Santos, Marina Gala y Feliciano López), que exigían el derecho a escolarizar a sus hijos en castellano. Después de seis años, el Supremo avaló esa opción en 2010.

Influencia del Estatuto

Sin embargo, el espaldarazo judicial más esperado fue el del Estatut. El fallo del TC de julio de 2010 puso en la cuerda floja el modelo educativo de inmersión lingúística, que blinda al catalán como única lengua vehicular en la enseñanza y reconoció para el castellano la misma consideración. De este modo, el fallo del Constitucional, que parte de un recurso interpuesto por el PP, abrió la puerta a que el derecho a ser escolarizado en castellano «sea eficaz»; derecho que ayer cuestionó ayer el TSJC.

Tras conocer el fallo, el presidente catalán, Artur Mas, se limitó a afirmar: «Estamos donde estábamos y no nos moveremos de aquí». Reconoció, no obstante, que está dispuesto a «afinar» respecto a las excepciones que prevé el texto. En esta misma línea la titular de Enseñanza de su gobierno, Irene Rigau, celebró el pronunciamiento, que, según dijo, «supone una victoria de la soberanía del Parlament». Por su parte, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, avanzó que el Gobierno acatará el fallo «guste o no guste». Desde el frente de la lucha civil, Paco Caja, denunció el reiterado desacato de las sentencias judiciales por parte del Govern.