Víctimas del 17-A en busca de sus derechos

Es el caso de camareros, comerciantes, kiosqueros, turistas... «Un hombre cuyo acompañante fue tocado por la furgoneta. Gracias al golpe de volante se salvó y no es víctima». «Una mujer sobre cuyos brazos murió un menor, en una farmacia. Tampoco es víctima porque no estuvo en riesgo directo». «Una joven que iba en coche por la Rambla, vehículo sobre el que impactaron dos víctimas. Fue recluida en un bar durante horas y al día siguiente tuvo que lavar con amoníaco su coche, pero no es víctima porque ella no tuvo riesgo de muerte». «El conductor que iba detrás del coche de Pau López y que ve como lo matan tampoco es víctima». «Un joven que sale en varios vídeos atendiendo a heridos, tampoco es víctima porque no estaba cuando pasó la furgoneta».

Los ejemplos son narrados a ABC por Roberto Manrique y Sara Bosch, asesor y psicóloga de la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (Uavat), que recuerdan que, igual de cuestionables que estos casos lo es el reconocimiento de víctimas directas de fallecidos en atentados, ya que solo se da respuesta a la primera línea sanguínea. «¿Los abuelos de Xavi, el niño de tres años de Rubí, que estaban con él a diario, no son víctimas?», se preguntan, a modo de ejemplo, no sin mucha indignación.

Según datos del Ministerio del Interior facilitados a este periódico, a fecha de 1 de diciembre, se había reconocido como víctima a 88 personas, de las que 16 son las personas fallecidas y el resto heridos a los que ya se han valorado las secuelas o recibido ayudas por valor de 4.582.667,27 euros. El Ministerio tiene sobre la mesa un total de 488 solicitudes de ayudas e indemnizaciones –una misma persona puede presentar más de una– y ha resuelto 178 de ellas.

Con todo, las víctimas siguen indignadas con el abandono que han sentido por parte de las administraciones una vez ha pasado el primer momento. Así no olvidan que tras la matanza el Gobierno habilitó en Barcelona una oficina de atención a las víctimas y que ésta solo estuvo activa durante una semana, cuando muchos todavía estaban en el hospital o enterrando a sus seres queridos.

De hecho, de ese desamparo nació la Uavat, que no ha parado de explicar a las víctimas sus derechos y ayudarlas en los trámites. Desde su creación, el pasado febrero, han atendido a 180 personas –familiares de las víctimas mortales y testigos presenciales de los atentados que arrastran secuelas– y han llevado unas 200 solicitudes a Interior. Por ahora, solo se han resuelto unas ocho y otras diez se han denegado. Paralelamente a su intenso acompañamiento burocrático, siguen buscando a heridos que quizás no saben que están en el auto policial del caso y que pueden ser reconocidos como víctimas para informarles de ello.

La gran mayoría de los casos que han movido está en suspensión a la espera de más documentos y pruebas, unos trámites que para la mayoría de las víctimas, año y medio después, suponen un nuevo retorno a la pesadilla del 17-A. «Están sufriendo una victimización secundaria. El sentimiento de soledad, ansiedad, injusticia o abandono es lesivo para ellos. Y es algo que podríamos evitar con una mejor atención», explica Bosch, que incide en que a día de hoy los forenses siguen realizando chequeos, lo que puede acarrear un inmenso paso atrás para quienes se estaban recuperando.

No menos grave es, para los técnicos de la Uavat, la denegación de casos. «Ley en mano, alguien con un corte en el dedo porque ha resbalado huyendo es víctima pero no alguien con un golpe mental por los hechos que no se ve y que lo imposibilita», relata Bosch. «Se considera que la persona que estuvo a unos metros, cuya integridad física no corrió riesgos, no estaba exactamente en el lugar de los hechos y no es víctima», remarca.

«Hubo una muy buena atención durante la emergencia pero no han sido bien atendidas como víctimas del terrorismo. Hay nula información y muy poca empatía», lamenta Bosch. Como prueba está el hecho de que la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, dependiente del Interior, no realiza acciones proactivas para contactar con potenciales víctimas.

Todo interesado tiene que presentar informes médicos, denuncia, pruebas de que estaban en el lugar de los hechos... una serie de burocracia que la gran mayoría desconoce y que se convierten en una montaña. «Una víctima de terrorismo, para empezar, no sabe ni que tiene que ir a interponer una denuncia», añade Manrique. Ejemplifican también que hay víctimas a las que nadie ha contado que pueden realizar trámites en la Delegación del Gobierno en Barcelona y que han ido por ello a Madrid o que han pagado a abogados sin saber que existen los de oficio.

«Si en lugar de dinero les dieran un pin conmemorativo, no habría ninguna denegación», aseguran desde la Uavat, al tiempo que reclaman que si el Ministerio del Interior permite a una víctima pedir ser reconocida tendría que ser el primero a explicárselo previamente.