Acabar con el «procés» en el exterior

Véase el Gobierno de Artur Mas, que contrató el lobby Independent Diplomat, especializado en procesos de secesión, por un importe de alrededor dos millones de euros a cuenta del erario público, y que prestó sus servicios desde 2013 hasta 2015. Luego vino el lobby SGR, en la etapa de Carles Puigdemont, con una finalidad parecida. Ya me dirán para qué los sucesivos gobiernos separatistas se gastaron ese dinero si no tienen competencias para política exterior. De hecho, el bloqueo del ejecutivo fue de tal envergadura, que, como diputada, tuve que pedir amparo a un Órgano de Transparencia por las reiteradas vulneraciones de mi derecho de acceso a la información hasta que, finalmente, entregaron copia de los contratos.

¿Vino alguien del Gobierno al Parlamento catalán a dar explicaciones sobre esos lobbies, asumir responsabilidades políticas y devolver el dinero? La respuesta es «no».

Tampoco han comparecido los jefes de las delegaciones de propaganda separatista en el exterior, con sueldos abultados, y que llevan más de cuatro años sin rendir cuentas en sede parlamentaria de lo que están haciendo. O la negativa a entregarnos la agenda de reuniones y contactos del Coordinador de Políticas Internacionales (dejemos para otro día qué es lo que está coordinando si la Generalitat, como he señalado, no tiene política «internacional»), del Director Internacional de Proyectos culturales (con cuentas pendientes con la justicia) o del responsable de la Oficina de Puigdemont, todos ellos con altos ingresos. Son sólo ejemplos de un entramado opaco, que se ha ido preparando durante años, como muy bien explica Juan Pablo Cardenal en su libro «La Telaraña».

El Tribunal de Cuentas ha cifrado en 417 millones de euros el dinero que gastó la Generalitat de Cataluña entre 2011 y 2017 en «acción exterior». Un cúmulo de irregularidades, vulneraciones de derecho, que salpica especialmente al Departamento de Acción Exterior y Transparencia (¡qué ironía!), y a organismos como Diplocat o las propias delegaciones exteriores.

Flaco favor han hecho los sucesivos gobiernos nacionalistas a la sociedad catalana al querer esconder sus actividades, el dinero que se han gastado y la persistencia a negarse a rendir cuentas en el Parlamento de Cataluña sobre el «procés» en el exterior. Se me ocurren tres razones de tal opacidad, no necesariamente excluyentes: una, que no han conseguido convencer a la opinión pública internacional de la secesión a pesar de gastarse un montón de dinero; dos, que su actividad ha dañado la proyección internacional de España, incluida Cataluña. Tres, que los mismos que ocupan el poder quieren seguir en el poder, por muchos años más, pasando de un cargo a otro, pero sin que nadie les moleste.

La transparencia y rendición de cuentas del ejecutivo catalán no puede ser una campaña de propaganda del Departamento de Transparencia. Mientras la oposición no pase a gobernar, el «procés» en el exterior va a seguir, a cuenta de todos los catalanes, y malgastando millones de euros. Piénsenlo.

Susana Beltrán es portavoz de Cs en la Comisión de Transparencia el Parlamento de Cataluña