Víctimas de abusos en la Iglesia piden una comisión de la verdad en Cataluña

Tras la Plataforma Tolerencia 0 se encuentran cinco activistas. Vicki Bernadet , presidenta de la asociación homónima que lleva dos décadas atendiendo a víctimas de abusos. También Miguel Hurtado, primer denunciante de los casos de pederastia en la Abadía de Monstserrat ; el escritor Alejandro Palomas , la superviviente Esther Pujol, y Manuel Barbero , padre coraje que destapó el caso Maristas, y ahora al frente de la asociación 'Mans Petites'.

Los cinco se desmarcan de la investigación del Defensor del Pueblo y de la del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo -encargada por la propia Iglesia- al considerar que la primera es insuficiente al no contar con poder coercitivo -es decir, no puede obligar a la institución católica a aportar información- y la segunda, al entender que ésta no puede ser «juez y parte».

Hurtado, que ha elaborado un informe jurídico-técnico al respecto, promulga seguir el modelo británico que lleva funcionando ya cinco años. Lo intentó en el Congreso, pero solo ERC y Bildu respaldaron su propuesta. La intención es «poner fin a a la gestión no transparente de los abusos cometidos en el seno de la Iglesia».

Desde la plataforma quieren ir un paso más allá, para determinar «si ha existido encubrimiento» de los casos de pederastia. «No solo queremos saber cuántas manzanas podridas hay, sino también si el barril entero ha estado podrido», ha subrayado durante una rueda de prensa este jueves.

La comisión de la verdad que reclaman desde la plataforma estaría compuesta de audiencias privadas , con la búsqueda activa de casos para que las víctimas puedan relatar lo ocurrido de forma confidencial y privada, pero dejando «constancia oficial» de ello. También de audiencias públicas , en las que se llame a comparecer a supervivientes y responsables de las instituciones pertinentes para saber cómo respondieron.

Comparecencias, estas sí, abiertas a los medios y retransmitidas por 'streaming'. Y un tercer punto, la investigación «exhaustiva» sobre los archivos canónicos para documentar las investigaciones internas de la jerarquía católica en los casos de pederastia. «Se hizo en Alemania y también en Pensilvania (EE.UU). Sin hablar con nadie, solo revisando archivos, se encontraron a 5.000 víctimas», ha señalado Hurtado.

Luego habría que decidir si se convierte en una comisión voluntario u obligatoria. Es decir, si legalmente se la dota de poderes coercitivos para que la jerarquía católica entregue los archivos canónicos y las fichas de los casos de pederastia que ha registrado y, en caso de negarse, que tenga que responder ante los tribunales por un delito de desobediencia.

«Esta sería la diferencia fundamental con la investigación del Defensor del Pueblo y la del bufete Cremades», han recordado los supervivientes. De hecho, tal y como ha explicado Hurtado, el Síndic de Greuges topó con ese mismo escollo durante las pesquisas que comenzó en 2019. «La jerarquía católica se negó a cooperar y no nos pueden pedir el día de la marmota».

Ninguno de los superviviente concibe que esta comisión se pueda llevar a cabo sin implementar una red de apoyo a las víctimas . «Quien realice la investigación se encontrará con un colectivo muy traumatizado, que no ha contado con ningún apoyo. No puedes pedir a alguien que te cuente que lo violaron de niño y luego mandarlo a su casa sin más», ha señalado Hurtado.

La intención, además de dotar de protección a supervivientes adultos -que no cuentan con un ningún apoyo legal- es evitar que la comisión acabe «retraumatizando» a las víctimas.

Esther Pujol fue agredida por el párroco de su pueblo. Denunció los hechos en 2016, cuando su caso ya había prescrito. La Iglesia sí abrió una investigación, aunque le ha negado el acceso a la resolución canónica, lamenta. «Encontré muchos muros, y ahora encuentro respuesta en esta plataforma, porque llevamos una lucha individual desde hace años», ha indicado.

Barbero, que empapeló su barrio en Barcelona con carteles del abusador de su hijo, Joaquín Benítez, ha lamentado que «nadie escucha a las víctimas. Se las manipula, se las revictimiza y, en algunos casos, se las amenaza», ha reprochado. «Solo el 5 por ciento llegan a juicio, no hacemos lo suficiente».

Los cinco integrantes de la Plataforma Tolerancia 0 confían ahora en que esta comisión de la verdad sea un proyecto polito en Cataluña, que luego pueda trasladarse, como proposición no de ley (PNL) al Congreso de los Diputados. «El PSOE se negó a dotar de poderes coercitivos al Defensor del Pueblo. El día que cambien de opinión, podríamos discutir si avalamos su investigación», ha indicado Hurtado.

«Se intenta poner la tirita sin limpiar la herida, pero esto no funcionará nunca si no se limpia», ha remarcado Bernadet.