El soberanismo catalán juega a la confusión para burlar la ley

Cuando no hace ni un mes que Carles Puigdemont ha tomado posesión como presidente de la Generalitat , él mismo, su Gobierno y el grupo parlamentario de Junts pel Sí ya han mostrado públicas discrepancias, contradicciones —negadas a posteriori, claro— en torno al calendario del proceso secesionista , que en teoría debe durar 18 meses. Sobre todo, respecto al momento y el formato en que debería llevarse a cabo la declaración de independencia por parte del Parlamento catalán. Una declaración a priori unilateral, aunque sus promotores esquivan el adjetivo.

En dos semanas, se ha pasado de oír a Puigdemont negar que tal declaración fuera a concretarse durante su mandato —los 18 meses— a que la portavoz de Junts pel Sí y secretaria general de ERC, Marta Rovira, la fije para el final de los 18 meses y, finalmente, a escuchar a la portavoz de la Generalitat Neus Munté (CDC) y al vicepresidente Oriol Junqueras (ERC) calificarla de «declaración de intenciones».

Más allá de las discrepancias entre CDC y ERC sobre el ritmo y plazos del «procés» y su hoja de ruta, en el trasfondo de esta ceremonia de la confusión subyace el temor a concretar un acto que a buen seguro dispararía todos los resortes del Gobierno , de la justicia y de la comunidad internacional (si no saltan antes).

Con premeditación o no, quien inauguró la confusión fue el presidente Puigdemont en la primera entrevista que concedió, a TV3, el 14 de enero. El «president» recalcó que los resultados de las elecciones autonómicas del 27-S, en las que los partidos independentistas no cosecharon una mayoría absoluta de votos -se quedaron en un 48%- dan para iniciar el «procés». Pero no para culminarlo. « ¿Tenemos fuerza y legitimidad democrática para comenzar este trayecto? Sí, rotundamente. Ahora bien, ¿tenemos suficiente fuerza para proclamar la independencia de Cataluña con esta (la actual) composición parlamentaria? Aún no», sentenció Puigdemont.

Ante la insistencia de la entrevistadora, Puigdemont llegó a decir que una declaración unilateral de independencia (DUI) no está prevista ni en el programa de JpS para el 27-S ni en el acuerdo de investidura que JpS propuso a la CUP. Aunque lo cierto es que en ambos sí se habla de una «declaración de independencia».

No lo explicó así en TV3 Puigdemont, quien incluso dio a entender que la auténtica validación del «procés» no llegaría hasta concluir los 18 meses , con las elecciones constituyentes que se convocarían y el referéndum posterior para que la ciudadanía ratifique la constitución catalana que habrá elaborado el nuevo hemiciclo.

Pero a Puigdemont le enmendó el martes pasado la republicana Marta Rovira, hablando en calidad de portavoz de JpS . La también secretaria general de ERC se reafirmó en que habría «declaración de independencia» —no dijo «unilateral»— y la situó al final de la legislatura, de los 18 meses.

También al final de la legislatura ubicó Rovira la aprobación de las tres leyes de ruptura con el Estado: Transitoriedad jurídica, Estructuras de Estado (Seguridad Social y Hacienda) y Proceso constituyente. Una maniobra dilatoria para evitar que el «procés» descarrile antes de tiempo en los tribunales . Se aprobarían las tres leyes de ruptura y, simultáneamente o justo después, se produciría la declaración de independencia. Rovira incluso llegó a sugerir que la citada declaración se recogería dentro de la ley de Transitoriedad. Luego, el proceso culminaría convocando unas elecciones constituyentes y el referéndum para validar la nueva constitución.

Así lo remató Rovira... hasta que un día después matizó la portavoz de la Generalitat, Neus Munté (CDC). Visiblemente incómoda ante las preguntas de los periodistas, la también consejera de Presidencia aseguró que durante esta legislatura de 18 meses el Parlament hará una «declaración de intenciones» sobre la independencia ; para anunciar que la independencia será efectiva una vez se ratifique la nueva Constitución de ese hipotético Estado catalán.

En resumen :por boca de su portavoz, la Generalitat no quiso aclarar en qué punto Cataluña se consideraría un estado independiente y se produciría la eventual desconexión con el resto de España. Ni el cómo ni el cúando. ¿Con la «declaración de intenciones? ». ¿Con el referéndum sobre la nueva constitución? ¿En otro momento? Munté se zafó del acoso y advirtió que no desvelarán los planes de la Generalitat, a sabiendas de que el Gobierno acude a los tribunales para «poner palos en las ruedas». Por una vez, se les entendió todo.