El Síndic ultima propuestas para que el Govern garantice la universalidad sanitaria

«El decreto afecta a derechos muy serios», asegura Rafael Ribó

09/08/2012
Actualizado a las 10:52h.

El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, está ultimando una batería de recomendaciones para que la Generalitat garantice la universalidad en la asistencia sanitaria y no aplique el decreto del Gobierno que dejará sin cobertura básica a inmigrantes en situación irregular a partir del 1 de septiembre.

... En una entrevista de Europa Press, ha explicado que estas recomendaciones que se trasladarán al Govern en las próximas semanas harán énfasis en que la condición de extranjero no suponga un perjuicio para acceder a la sanidad pública, solicitando que todos los ciudadanos con derechos adquiridos en el Estado español queden cubiertos. "El decreto afecta a derechos muy serios e implica un cambio de tendencia iniciado tras el franquismo", ha deplorado, recordando que anteriormente la asistencia sanitaria y la cotización estaban condicionadas entre sí, algo que había ido evolucionando en pro de la universalidad, pero que ahora vuelve a recuperarse con el decreto.

Para Ribó, esto significa que "por primera vez en muchos años se empieza a hacer marcha atrás", ya que la cobertura sanitaria dejará de llegar a distintos colectivos vulnerables, como inmigrantes y mayores de 26 años que no hayan cotizado. Las recomendaciones pretenden ser una herramienta en la negociación que están llevando a cabo la Generalitat y el Gobierno para implantar el decreto en Cataluña, un proceso para el que se establece un periodo de nueve meses antes de recurrir al Tribunal Constitucional (TC).

De no llegar a un acuerdo que garantice la universalidad, la Generalitat puede recurrir el decreto, algo que escapa de las competencias del Síndic. Ribó ha lamentado que la anterior Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, no recurriera el decreto sanitario, para lo que sí dispone de competencias, aunque ha calificado como un "acierto" que la actual defensora, Soledad Becerril, haya pedido su modificación, no pudiendo presentar recurso al haber accedido al cargo cerrado el plazo.

Lesión de derechos

Para el defensor del pueblo catalán, imponer un canon de 710 euros anuales a los inmigrantes en situación irregular, tal y como propone el Gobierno para que puedan acceder al sistema sanitario, "supone lesionar derechos básicos". "Es necesario combatir el fraude. Pero para combatir el fraude no se pueden suspender todos los derechos", ha lamentado Ribó. Además, ha apelado al "sentido común", recordando que los inmigrantes irregulares no pueden trabajar legalmente, por lo que no pueden disponer de ingresos y costear la cuota sanitaria, que se duplicaría hasta los 1.864,80 euros anuales para los mayores de 65 años.

Ha recordado que "los estudios demuestran que no es cierto que los inmigrantes hagan uso abusivo de la sanidad pública", y ha criticado que se mezcle turismo sanitario e inmigración.