El secesionismo quiere neutralizar a los Mossos antes de otro ‘procés’

Además de polémicas cuestiones programáticas, el acuerdo plantea la creación de una opaca «mesa de dirección estratégica» que funcione, en la práctica, como el llamado «estado mayor del ‘procés’» que en 2017 dirigió desde la sombra la organización del 1-0. La citada mesa de coordinación «debe ser un espacio de trabajo fuera de foco que no esté sujeto a las disputas del día más coyunturales o tácticas»; es decir, una plataforma de coordinación al margen de cualquier escrutinio público y que desde la opacidad, como en 2017, «prepare las condiciones del nuevo embate democrático ».

La condición para que se lleven adelante los planes de ERC y la CUP es el previsible fracaso de la «mesa de diálogo» entre el Gobierno y la Generalitat, que republicanos y ‘cuperos’ condicionan a la consecución de una «solución política y democrática basada en la autodedeterminación y la amnistía », una nueva fase del ‘procés’ que se produce, además, en un momento en el que a los Mossos d’Esquadra, fruto del mismo acuerdo, se les despoja de cualquier capacidad disuasoria. Vía libre para que la calle se desborde.

El pacto entre ambas formaciones da a ERC margen para seguir negociando dentro de la mesa de negociación con el Gobierno, si bien establece plazos y una doble pauta para una «rendición de cuentas» que debe ser «pública», de cara a la ciudadanía, pero también «discreta», dentro del marco de la citada « mesa de dirección estratégica » de partidos y entidades, y que en última instancia decidirá si el diálogo prosigue o se supende.

Metiendo a la CUP en la cocina de la negociación , planteando incluso la posibilidad de que los antisistema se incorporen al Govern, ERC se deja arrastrar a una espiral que previsiblemente acabará en una inevitable ruptura de su relación con el PSOE. Será durante la primera mitad de 2023 cuando los dos partidos independendentistas, y Junts si asume esta parte del acuerdo, evalúen de manera definitiva el resultado de un diálogo con el Gobierno cuya agenda «solo puede consistir en la autodeterminación y la amnistía». Es el mismo plazo dentro del cual Pere Aragonès se compromete a someterse a una moción de confianza en el Parlament, apenas unos meses antes del plazo máximo, noviembre 2023, en el que deberían celebrarse las próximas elecciones generales.

Junto con la definición de las líneas estratégicas, el acuerdo detalla en la práctica un programa de gobierno que incluye por ejemplo la creación de una « renta básica universal », una nueva ley de contratos de alquiler, una banca pública, un nuevo marco normativo para remunicipalizar el agua o la creación de una energética pública.

Con todo, lo más inquietante para la estabilidad no ya de Cataluña, sino del conjunto de España, es la creación de ese ‘ estado mayor’ clandestino en el que se tomarían las decisiones de calado, más allá del día a día del Govern. Más aún cuando en la terminología del acuerdo entre ERC y la CUP se utilizan expresiones como «acumulación de fuerzas», ya acuñadas por el siniestro Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), o lo que es lo mismo, el mundo proetarra.

En estas condiciones, la decisión de ambas formaciones independentistas de mermar la capacidad operativa de los Mossos d’Esquadra, último bastión de defensa de la legalidad en la Generalitat, con la prohibición del uso de las balas de ‘foam’ y la implantación de un nuevo modelo policial se interpreta en la Policía autonómica como una estrategia para quitar obstáculos de su camino.

«En el 1-O, a pesar de las acusaciones que nos hicieron, y de las profundas heridas que todo aquello provocó, dejamos muy claro que no podían contar con nosotros para saltarse la ley. Lo que hacen ahora es consecuencia de aquel posicionamiento», explican fuentes de la Policía autonómica consultadas por ABC.

Sin duda, ante el escenario de la repetición de un referéndum ilegal de independencia el papel de los Mossos sería de una importancia capital para el Estado. Primero, porque es una Policía catalana, que trabaja cada día sobre el terreno, es respetada por el ciudadano y está desplegada en la totalidad del territorio; y segundo, porque todas las reticencias que surgieron entre ese Cuerpo de Seguridad y la Policía y la Guardia Civil están superadas. Es más; nunca como hoy la complicidad entre ellos ha sido tan intensa.

«El Gobierno central es también responsable de la seguridad en Cataluña, aunque se trate de una competencia delegada. Pedro Sánchez tiene mucho que decir ante el intento de ERC y la CUP, y quién sabe si también de Junts, de neutralizarnos », insisten las mismas fuentes, que advierten: «Si permite que estos partidos consumen su estrategia Pedro Sánchez perderá gran parte de su capacidad de respuesta ante un desafío al Estado como el que todos recordamos».

A día de hoy la posibilidad de una especie de ‘155 en materia de seguridad’ como el que se hizo en Madrid durante la pandemia para someter al Gobierno de Díaz Ayuso es ciencia ficción. Pero desde los Mossos d’Esquadra se piden medidas para abortar los anhelos de los independentistas, «porque si se actúa tarde cuando se quiera dar marcha atrás el daño puede ser ya irreversible».