Jordi Pujol, durante la sesión de control celebrada ayer en el Parlament. Elena Carreras

Pujol se niega a aclarar las causas del cese del ex director de la CCRTV

Govern y oposición elevaron ayer el tono de la polémica que ha provocado la designación del diputado de CiU, Vicenç Villatoro, como director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV). Jordi Pujol se negó a explicar los motivos de la dimisión de Miquel Puig, predecesor de Villatoro, y se vanaglorió de la rapidez con que el ejecutivo ha efectuado el nombramiento.

MARÍA JESÚS CAÑIZARES
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BARCELONA. El «caso Villatoro» provocó un duro enfrentamiento entre Pujol y el diputado de ICV, Rafael Ribó, quien se interesó por los motivos de la dimisión del ex director de la CCRTV. «A eso, que le conteste Miquel Puig», respondió Pujol durante la sesión de control celebrada ayer en el Parlament. El ecosocialista calificó de «indigna» y de «befa» la actitud del President, a quien recordó su responsabilidad en el nombramiento de un cargo que ha perdido la confianza del Govern. «No le avala ningún mérito contestar así», dijo Ribó. Añadió que la dimisión de Puig fue en realidad un «cese encubierto» porque «se creyó aquello del pluralismo». Pujol insistió en su postura de no contestar a la pregunta y desvió la cuestión hacia «el grado de objetividad que tiene Catalunya Ràdio y TV3» que, a su juicio, está por encima de la de otros medios públicos y privados.

El presidente autonómico aludió a un informe del Consell de l´Audiovisual de Catalunya, según el cual, la televisión catalana es la más plural y competitiva. Asimismo, el President hizo alarde de la celeridad con que se ha elegido al nuevo director general de la CCRTV. «Ustedes (en referencia a los diputados de la oposición) dijeron que lo huciéramos deprisa y ustedes le han aprobado. Por lo menos, lean el diario».

El nombramiento de Villatoro ha reavivado el debate político ya que, frente a las críticas de PSC, ICV y ERC, que acusan al ejecutivo catalán de tomar una decisión sin contar con el consenso de todos los grupos, el Govern alega que el consejo de administración de la CCRTV apoya a Villatoro. Este órgano, por su parte, ha mostrado su «incomodidad» por el procedimiento que ha seguido la Generalitat para designar a Villatoro, quien ayer asistió al pleno del Parlament en calidad de diputado de CiU. En alusión a esa «incomodidad», el propio Villatoro manifestó que, simplemente, es «una constatación de cara a la acción de la Corporación a partir de ahora» e insistió en que la parte «más relevante» es la «confianza» ofrecida por el consejo, «que marca el horizonte de futuro». Añadió que haber sido militante por CiU «no te debe imposibilitar acceder a una determinada responsabilidad» y afirmó que «incluso quien es independiente afortunadamente también tiene ideas políticas, no sólo los diputados o los militantes».

El conseller en cap, Artur Mas, por su parte, fue interpelado por PSC e ICV, que le acusaron de actuar de forma autoritaria en el nombramiento de Villatoro. Mas, a su vez, reprochó a los socialistas su «pésimo modelo de gestión de los medios de comunicación públicos» y les recordó que la empresa ICB, que gestiona Barcelona Televisión, está presidida por Ernest Maragall, teniente de alcalde y hermano del líder del PSC, Pasqual Maragall.

El pleno retomará este asunto hoy, durante la votación de una moción del PSC-CpC, que incluye una enmienda de ICV, en la que se propone la reprobación del Govern por el método seguido en la designación de Vicenç Villatoro.

En la misma sesión de control parlamentaria, Jordi Pujol defendió el modelo policial catalán, en respuesta a una pregunta sobre inseguridad ciudadana del diputado del PSC, Joaquim Nadal, quien reclamó la adopción de medidas para evitar las vacantes y más medios materiales.

Ley de enseñanza

El presidente del PP catalán, Alberto Fernández, preguntó sobre la postura de CiU respecto a la Ley de Calidad de la Enseñanza del Gobierno. Al respecto, Jordi Pujol indicó que está dispuesto a «negociar algunos aspectos de la ley, pero nos opondremos al recorte de competencias autonómicas que la ley contempla».