Los presos salen de prisión tras tres años de una privilegiada estancia carcelaria

Tras la obligada firma de los indultos por parte del Rey, la previsión es que hoy mismo se publiquen las resoluciones en el BOE; que el Tribunal Supremo decrete la excarcelación de los nueve presos de forma inmediata, y que lo comunique a las tres cárceles donde cumplen condena. Así, los responsables del desafío secesionista abandonarán la cárcel sin cumplir una parte sustancial de las penas impuestas por su papel en el ‘procés’. Y lo harán, además, después de una estancia carcelaria que la Generalitat, responsable de las prisiones en Cataluña, intentó hacérsela lo más plácida posible, privilegiando a los presos separatistas frente al resto de la población penitenciaria.

El favor de Sánchez perdonará a los líderes secesionistas muchos años de prisión. Junqueras, a quien el Tribunal Supremo condenó a 13 años de cárcel por sedición –la pena más alta de los nueve líderes encarcelados– se ahorrará más de nueve años de prisión. Y es que la extinción de la condena del exvicepresidente de la Generalitat no se hubiera producido hasta octubre del año 2030. Junqueras saldrá ya de prisión con poco más de un cuarto de la condena cumplida, gracias a un indulto que hace un par de años rechazaba. «Que se los metan por donde le quepa», dijo en una entrevista en 2019. Ahora, tras más de tres años en prisión, ya opina que los líderes presos pueden ser «más útiles» fuera de la cárcel para trabajar por la secesión.

De los nueve políticos separatistas encarcelados, Junqueras será quien se ahorre más años de prisión.Le siguen los exconsejeros Jordi Turull , Raül Romeva y Dolors Bassa (su pena caducaría en febrero de 2030), la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (septiembre de 2029), los exconsejeros Josep Rull (agosto de 2028) y Joaquim Forn (abril de 2028). Jordi Cuixart (Òmnium) y Jordi Sànchez (ANC), condenados a nueve años de cárcel, finalizarían su etapa carcelaria octubre de 2026. Los líderes de las entidades separatistas son, además, quienes más días estuvieron en prisión provisional.

Los cabecillas del 1-O quedan libres, gracias a la medida de gracia de Sánchez, después de más de tres años en prisión, en los que la Generalitat les ha concedido un trato privilegiado, que en varios momentos ha indignado a la Fiscalía e incluso al Tribunal Supremo. Aprovechándose de que las visitas de cargos institucionales a los centros penitenciarios no están limitadas –como sí ocurre con las familiares–, los presos independentistas consiguieron convertir la prisión en auténticos despachos. Ha sido especial- mente significativo en el caso de la cárcel de Lledoners (Barcelona), donde cumplían condena los siete hombres, que la convirtieron en sede habitual de negociaciones políticas, a nivel tanto estatal como autonómico.

Pero las maniobras de la Generalitat en beneficio de los presos han consistido especialmente en aligerar sus condenas con salidas continuadas. Más allá de los 36 días al año de permisos ordinarios, que, por estar en segundo grado, les corresponderían a los nueve, los servicios penitenciarios catalanes han intentado retorcer la normativa para permitirles hacer la máxima vida posible fuera de la prisión.

Primero, con la aplicación de un artículo del reglamento penitenciario, e l 100.2, de uso muy poco frecuente, la Generalitat les permitió que salieran diariamente de prisión para trabajar o hacer voluntariados. Tal y como explicó entonces en exclusiva ABC, el gobierno catalán concedió el 100.2 a los presos hasta diez veces más rápido que al resto de la población penitenciaria de Cataluña. La justicia los tumbó después de recurrirlo la Fiscalía, que consideraba que no eran más que un «tercer grado encubierto».

Luego llegaron los terceros grados (semilibertades) propiamente dichos. La Generalitat intentó hasta en dos ocasiones, y con informes favorables de los técnicos de los respectivos centros penitenciarios, que los líderes presos solo tuvieran que regresar a prisión de lunes a jueves a dormir, y permitirles pernoctar en casa los fines de semana. La justicia tumbó ambos intentos, al considerar prematura la semilibertad, teniendo en cuenta que solo habían cumplido en prisión una mínima parte de las condenas.

Este mes de julio, los servicios penitenciarios, dependientes de la Consejería de Justicia , tendrían que volver a revisar la clasificación penitenciaria de los presos –debe hacerse cada seis meses por ley– y decidir si desafiar a la justicia con otro tercer grado. Ahora, con el obsequio de los indultos de Sánchez, la Consejería de Justicia se ahorrará esos tejemanejes.