Penúltimo coletazo judicial del 1-O: los síndicos electorales, en el banquillo

Piden casi tres años de cárcel para los cinco académicos y letrados acusados

Unas 40.000 personas están congregadas en los alrededores de la sede de la consellería de Economía y Hacienda de la Generalitat, situada en la Rambla de Catalunya confluencia con la Gran Vía de Barcelona. EFE

Jesús Hierro

05/03/2021
Actualizado a las 04:35h.

La vista oral empezó el miércoles, pero aquella primera sesión sirvió apenas para la resolución de las habitualmente engorrosas cuestiones previas, y para que el secesionismo armase a las puertas del juzgado su enésima ‘performance’ contra la «justicia española».

Esta vez, para secundar a ... los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del referéndum ilegal del 1 de octubre, para quienes la Fiscalía pide dos años y nueve meses de cárcel por desobedecer al Tribunal Constitucional. Estos síndicos se habían echado atrás, pocos días antes del 1-O, cuando este tribunal les impulso multas de 12.000 euros. Pero aquella renuncia no les ha librado de sentarse en el banquillo.

Son cinco los síndicos acusados de delitos de desobediencia y usurpación de funciones: el catedrático de Ciencias Políticas Jordi Matas; el miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat Marc Marsal ; la abogada Marta Alsina ; la profesora de Ciencias Políticas Tània Verge , y el profesor de Derecho Constitucional Josep Pagès.La declaración ayer de Matas -que ejercía de presidente de la Sindicatura- en la vista oral celebrada ante en el Juzgado Penal número 11 de Barcelona, resume las comparecencias de los cinco acusados.

En síntesis, Matas explicó que solo se reunieron una vez para adoptar acuerdos de cara al referéndum ilegal. Fue, según él, antes de que el Tribunal Constitucional lo suspendiera, sin llegar a publicar ninguna resolución, y, menos aún, supervisar luego las votaciones. La Fiscalía, en cambio, cree que estos cinco académicos y abogados siguieron trabajando una vez el TC suspendió el 1-O.

El Parlament les había nombrado el 7 de septiembre de 2017 como miembros de la Sindicatura, una especie de junta electoral para la consulta ilegal. Sin embargo, no estuvieron ni tres semanas en sus cargos: decidieron dejar sus funciones cuando, 19 días después, el Tribunal Constitucional les impuso a cada uno multas de 12.000 euros. La Fiscalía les acusa de haber celebrado una reunión constitutiva de la Sindicatura y dictar algunas resoluciones, como el nombramiento de síndicos de demarcación, una vez la consulta ya había sido suspendida.

Ellos, en cambio, sostienen que sólo se reunieron en el Parlamento catalán ese 7 de septiembre, antes de que el TC suspendiese la votación, sobre las 23 horas de ese mismo día. También aseguraron que el TC no les advirtió de que debían abstenerse de participar en los preparativos de la consulta. Las testificales del letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, y del exsecretario de la Cámara Xavier Muro secundaron la versión de los acusados: nunca se reunieron en el Parlament después de aquella primera cita del 7 de septiembre. La Fiscalía, en cambio, cree que es imposible que en una sola jornada hubiesen hecho varias resoluciones que días después se publicaron en una página web. Esta vista oral contra los síndicos es uno de los últimos coletazos judiciales del 1-O . Aún no se ha juzgado la causa de la ‘infantería’ del ‘procés» ni ha concluido el proceso contra varios agentes por las cargas policiales.