«Los Mossos nos sentimos abandonados por la Generalitat»

Han vuelto, con la excusa del encarcelamiento de Hasel, las algaradas a las calles catalanas, y con ellas se ha multiplicado el desprecio del gobierno independentista hacia su Policía. «No solo callan ante la violencia, sino que ponen a los Mossos en el centro del debate al pedir un cambio de modelo de orden público en plena ola de disturbios», lamentan los sindicatos. Una semana ha tardado en condenar los disturbios el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès. No fue hasta ayer que el candidato de ERC a presidir la Generalitat defendió a los Mossos. En plenas negociaciones postelectorales, no quieren enfadar a la CUP, instigador de las protestas. Y los posconvergentes de Junts, pese a tener la manija de la Consejería de Interior, no han hecho más cuestionar el trabajo policial. Interior, la patata caliente del próximo Govern.

El consejero de Interior, Miquel Sàmper, intentó en una reunión con los sindicatos apaciguar los «crispados» ánimos de los mossos. Los agentes están a la expectativa, explicaba a ABC la portavoz del sindicato SAP-Fepol, Imma Viudes. Pero se ven desamparados. La CUP sugirió ayer que detrás de los disturbios puede haber «infiltrados policiales», y el Govern no salió a defender a los Mossos. «Cada consejero que llega hace bueno al anterior», valoraba a ABC David Miquel, portavoz del Sindicato de Policías de Cataluña (SPC). Otro añade, medio en broma medio en serio: «Echamos de menos a Saura».

Se refería a la polémica gestión del ecosocialista Joan Saura en el último tripartito. Luego, en 2010, Artur Mas dio a Felip Puig el mando de la Consejería de Interior. En 'Polònia', el satírico programa de TV3, caricaturizaban a Buch siempre con un bate de béisbol en la mano, metáfora de la supuesta contundencia de los antidisturbios.

Entre los sindicatos de los Mossos, sin embargo, hay un sentimiento compartido -casi unánime- de que fue el consejero que más les ha defendido. «Eran momentos difíciles, y Puig estaba a nuestro lado», explican a ABC fuentes sindicales. El caso Ester Quintana, en el que la Consejería, pese a que las pruebas eran cada vez más evidentes, negaba que la mujer hubiese perdido el ojo por una pelota de goma, sumergió al Cuerpo en una profunda crisis de credibilidad, que acabaría llevándose por delante al entonces director de los Mossos, Manel Prat. Al caso Quintana se sumó en 2013, ya con Ramon Espadaler como consejero de Interior, la polémica reducción de los Mossos al vecino del Raval Juan Andrés Benítez, que acabaría con su muerte, y con la posterior condena a los agentes en juicio. Tiempos convulsos, pero en los que los Mossos sentían el respaldo del Govern. Nada que ver con lo que pasa ahora.

Llegó el 'procés' y con él las grietas entre el Govern y los mossos. En julio de 2017, el consejero Jordi Jané dimitió ante el vértigo del inminente 1-O, pese a no haber tenido problema en ir en una lista electoral que prometía la secesión en 18 meses. Le sucedió Joaquim Forn, que pagó los platos rotos.

Tras el 17-A, el Govern de Puigdemont trató de sacar rédito de la gestión de los Mossos y de la imagen su mayor, Josep Lluis Trapero, que se prestó a ello. Y llegó el referéndum, y el independentismo sacó pecho de la tibieza de los Mossos frente a la contundencia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para abortar la consulta ilegal. «¡Esta es nuestra policía!», gritaba el secesionismo en las calles. No les hacían un favor, todo lo contrario. Y el Cuerpo acabó marcado por la deriva secesionista. Las relaciones intentaron recomponerse, con el consejero Miquel Buch en un difícil equilibrio entre la defensa del Cuerpo y las excentricidades de Torra, que animaba a los CDR a «apretar». Para contentar a la parroquia secesionista, y tras las violentas marchas contra la sentencia del 'procés', Buch prometió «la auditoría más grande en la historia de los Mossos» por esas actuaciones policiales. Molestó a los Mossos y encima la iniciativa acabó en agua de borrajas.