La Audiencia de Barcelona obliga a ingresar en prisión a cuatro mossos indultados por el Gobierno
El alto tribunal se niega a suspender sus penas de dos años por torturas a un detenido por razones de «peligrosidad criminal» y de «repulsa y alarma social»
janot guil
La Audiencia de Barcelona obliga a cuatro mossoss d'esquadra condenados por torturar a un detenido a cumplir los dos años de cárcel en que quedó su condena inicial de más de seis años después de que el Gobierno les concediera un indulto parcial.
Tras ... recordar que la suspensión de la ejecución de una pena no superior a dos años "no es un beneficio de concesión automática y obligatoria", la sección novena de la Audiencia provincial estima, en sendos actos idénticos que son recurribles, que aunque los cuatro agentes no tienen antecedentes deben ingresar en la cárcel para cumplir su pena. Aduce el tribunal que en este supuesto, y en contra del criterio del fiscal, "existen razones de prevención general y especial, de peligrosidad criminal, y de repulsa y alarma social" que justifican su encarcelamiento (que nunca antes se produjo al estar la pena suspendida a la espera de que se resolviera la petición de indulto). Por otro lado, la Audiencia alega en su auto que se debe tener en cuenta la condición de los penados como agentes de policía, "que estando llamados, por mandato constitucional y legal a proteger a los ciudadanos, han maltrecho de forma literal, directa y sin paliativos, los principios inspiradores y de actuación del cuerpo policial" .
Los cuatro agentes -Manuel F. M., Joan S. P., Jordi P. B., y Fernando C. L.,- que pertenecen al grupo de atracos de Mossos, fueron acusados en julio de 2006 (junto a otro agente que se quedó con una pena de seis meses de cárcel impuesta por el Supremo) de torturar a un ciudadano rumano, Lucian Paduraru, al que confundieron con un delincuente. Sin identificarse, le detuvieron, le propinaron una paliza, le insultaron y le amenazaron de muerte. La Audiencia de Barcelona les condenó a seis años y siete meses de cárcel, pero en 2009 el Tribunal Supremo les rebajó un año y diez meses la pena. Posteriormente, en febrero de este año, se beneficiaron de un indulto parcial del Gobierno que, ante el "currículum" de los acusados y alegando que investigaciones policiales posteriores habían aportado "nueva y valiosa información sobre los hechos", rebajó su condena a dos años de cárcel. Además, el Ejecutivo les sustituyó las penas de inhabilitación por "dos años de suspensión para empleo o cargo público", lo que a la práctica suponía su reingreso al servicio ya que la pena de inhabilitación ya se había ejecutado en su totalidad.
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