Ayudas que no ayudan

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Durante ocho años, Antoni Miquel Cerveró fue concejal de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona. Quizá este nombre no les diga nada, pero aclaremos que se trata de Leslie, el cantante de Los Sirex, actual colaborador y buen amigo de ABC Punto Radio. El polifacético artista explica que cuando ocupaba este cargo público se impuso el deber de contactar con el mayor número posible de asociaciones cívicas con la finalidad de conocer de cerca sus necesidades. Entre aquéllas descubrió una asociación de divorciados compuesta exclusivamente por un hombre y una mujer que habían estado casados y que crearon esa entidad con la única intención de cobrar las ayudas municipales. No descarto que esta historia sea algo exagerada, pero ejemplifica hasta qué punto la cultura de la subvención está arraigada en nuestra sociedad. Atiendan si no a la reciente confesión del consejero catalán de Cultura, Ferran Mascarell, en el Parlament, donde anunció la creación de una ventanilla única para poner fin al descontrol burocrático de las ayudas culturales. «Yo había llegado a firmar ayudas sin saber quiénes las daban y con qué criterios», dijo. Admitida esta ignorancia, la pregunta es obvia: ¿Por qué Mascarell daba entonces el visto bueno? Probablemente por la inercia que implica un sistema de reparto de dinero según el cual, cuántas más organizaciones se beneficien, mejor se puede disimular el clientelismo. Ningún partido político está libre de culpa, pero en lo que respecta al ámbito metropolitano, los socialistas han sido muy hábiles en el arte callar protestas vecinales con apoyos económicos cuando gobernaban, o de azuzarlas cuando estaban en la oposición. El acuerdo PSC-ERC e ICV para presidir la Generalitat multiplicó esa generosidad de forma directamente proporcional al número de socios del tripartito, algo que engrosó una hipoteca pública hoy insoportable. Ayuntamientos gobernados ahora por CiU o la propia Generalitat están obligados a recortar y sustituir la subvención por la incentivación. De momento lo han hecho a un ritmo lento y, en ocasiones, de forma injusta. Hemos sabido que la Consejería de Justicia que dirige Pilar Fernández Bozal ha cerrado el Servicio de Información y Orientación a las Víctimas del Terrorismo porque no es prioritario. Alega que ya existe una oficina genérica de atención a las víctimas del delito, pero, según cuentan los afectados, hay que pedir cita previa y la respuesta llega dos semanas después. ¿El ahorro? Apenas unos 30.000 euros al año. Así no.