Lecciones del Estatuto

Dejando de lado que esta tesis parece olvidar que el propio Pujol había señalado repetidamente que concebía el autonomismo únicamente como un periodo transitorio mientras podía realizar la construcción nacional ("avui paciencia, demà independència"), deliberadamente oculta los principales errores del proceso de reforma del Estatuto.

De entrada, todo análisis debe partir de la función que el Estatuto de autonomía tiene en nuestro sistema constitucional. Sin necesidad de compartir la tesis de la completa desconstitucionalización de la forma territorial del Estado, es evidente que en un Estado como el nuestro el Estatuto de Autonomía al distribuir el poder político en instancias territoriales no sólo establece las competencias de la Comunidad Autónoma, sino que de modo reflejo determina las que siguen correspondiendo al Estado. De ahí que más allá de la conveniencia o no de la reforma estatutaria de 2006 pueda calificarse de grave error político una redefinición del poder del Estado hecha sin contar con el principal partido de la oposición.

Este error es más grave si se tiene en cuenta que el Estatuto de 2006 además de reformular el reparto competencial incluyó en su Título I un catálogo de derechos y principios que elevaban a rango estatutario las propuestas ideológicas de la izquierda. No se trata tan sólo de una norma claramente intervencionista, que rezuma desconfianza de la sociedad civil, sino que en materias especialmente sensibles (modelo de familia, educación, etc.) deja fuera del marco legislativo las opciones del centro derecha. De modo que además de estar hecho sin contar con el partido que representaba a media España se trata de un Estatuto de partido y no de consenso. En consecuencia, el Estatuto apadrinado por Zapatero tiene el dudoso mérito democrático de blindar las preferencias políticas de una mayoría coyuntural.

Desde el punto de vista del llamado "encaje" de Cataluña en España, el Estatuto adolece de una visión deliberadamente miope: la afirmación de la España plural -diversa, multilingüe, de identidades múltiples y compartidas- pasa por la consagración de una Cataluña homogénea: uniformemente monolingüe, excluyente, como si el castellano no fuera lengua presente en Cataluña desde hace cientos de años.

Por último, el Estatuto de 2006 aspiraba a definir cómo debía el Estado ejercer sus competencias: desde qué debe entenderse por básico y cómo debe regularlo el Estado, hasta una serie de mandatos al legislador central para acomodar algunas de las principales leyes orgánicas (del poder judicial, de financiación de las CCAA, etc.) a lo dispuesto por el Estatuto, pasando por una serie de instrucciones acerca de cómo debe llevar a cabo el Gobierno central las relaciones internacionales, aun siendo competencia exclusiva del Estado ex art. 149 CE. En definitiva, el Estatuto diseñado por Zapatero creaban un Estado disfuncional, incapacitado para hacer frente a retos importantes y por tanto inadecuado para tutelar el bien común de todos los españoles.

La crisis, de la que el proceso separatista es en parte consecuencia, nos ha mostrado que es preciso renovar nuestro aparato institucional. Razones de espacio aconsejan no entrar en este momento en posibles reformas de nuestro ordenamiento constitucional. Pero viendo los errores cometidos con el Estatuto sí es posible enunciar algunas cuestiones de método: acuerdo amplio sin vetos sectarios; Constitución integradora y no de partido; sociedad abierta de identidades compartidas; reconstrucción de un Estado fuerte y al servicio de todos los españoles. Y es que sólo desde el respeto a los demás y la búsqueda de fórmulas de entendimiento entre españoles podrá articularse una política a la altura de las necesidades de la España del siglo XXI.

Pablo Nuevo es abogado y profesor de Derecho constitucional de la Universidad Abat Oliba CEU