A juicio por tráfico de drogas los responsables de un club cannábico de Tarrassa

Los hechos se remontan a 2014, cuando tres de los acusados constituyeron la Asociación Cannábica Siglo XX , en virtud de presidente, secretario y tesorero; mientras que los otros dos investigados se encargaban del control de acceso al local, y colaboraban en la distribución de la marihuana. Según el escrito de calificación de la Fiscalía, lo hacían los cinco, «de común acuerdo» para obtener un beneficio económico.

Como la entidad detalló en sus estatutos que su labor se centraría en actividades culturales y de divulgación, la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas dispuso su inscripción en el Registro de Asociaciones de la Generalitat, en enero de 2015. Es decir, bajo esta tapadera legal, el local sirvió para «la venta indiscriminada de marihuana y hachís » a quienes «acudían allí a diario» para comprar la droga.

Es más, algunos de los clientes pasaron a ser «socios», y con el abono de una cuota mensual acudían a la asociación a retirar cantidades de droga en «bolsitas», apunta el ministerio público. Los acusados obtenían la marihuana de terceros, « careciendo de cualquier autorización administrativa para la producción y distribución de la misma», ya que ni si quiera había solicitado licencia a la Agencia Española del Medicamento.

Fue el constante trasiego de entrada y salida de personas de la asociación lo que alertó a los Mossos d'Esquadra , quienes comprobaron que entre noviembre y diciembre de 2017 los acusados suministraban marihuana a los clientes , que la consumían fuera de las instalaciones del club. Durante el registro del mismo, los policías se incautaron de más de 630 gramos de la droga -valorada en unos 3.100 euros-, así como de varios porros, y básculas de precisión.

Por todo ello, el fiscal considera a los cinco acusados como autores de un delito contra la salud pública , por lo que pide para ellos dos años y seis meses e prisión. Solicita otros tres años más para más para el presidente, el secretario y el tesorero de la entidad, a quienes también imputa el delito de asociación ilícita.

Además, el ministerio público reclama 5.000 euros de multa a cada uno de ellos, y otros 8.100 euros más-15 euros diarios durante 18 meses-a cada uno de los fundadores del club.