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Fiscalía pide tres años de cárcel para el jefe de la oficina de Puigdemont por malversación

El Juzgado de Instrucción 28 de Barcelona mantiene la libertad provisional para Josep Lluís Alay, aunque le insta a pagar una fianza de de casi 5.000 euros en un plazo de veinticuatro horas

El jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay ABC
Elena Burés

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La Fiscalía de Barcelona pide tres años de prisión para el director de la Oficina del expresidente catalán Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay , y 17 meses de inhabilitación por presuntos delitos de malversación y prevaricación al usar dinero público para un viaje «personal y ajeno a sus funciones» en la Generalitat.

El escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso ABC, también reclama una indemnización de 4.732 euros para el Departamento de Presidencia de la Generalitat -de la que depende la citada oficina-, al suponer la cantidad que habría costado el desplazamiento de Alay para asistir al referéndum de autodeterminación de Nueva Caledonia en noviembre de 2018.

Según la fiscal, Alay habría usado su tarjeta corporativa para comprar un billete de avión para «una actividad personal y ajena a sus funciones». El lunes, el juzgado que investiga la causa, Instrucción 28 de Barcelona, decidió enviar el caso a juicio y dio 10 días para que la defensa y la acusación presentaran sus escritos, a lo que el Ministerio Público ha contestado con esta petición de tres años de cárcel.

El juzgado mantiene la situación de libertad provisional para el acusado, pero le insta a pagar una fianza de 4.732,56 euros en un plazo de veinticuatro horas. Fue en septiembre cuando cuando la Audiencia ratificó la decisión de la instructora para cerrar la investigación, por la que sospecha que Alay presuntamente usó fondos públicos de la oficina para el desplazamiento.

Las magistradas de la Audiencia de Barcelona que avalaron llevar el caso a juicio remarcaron que la tarjeta de crédito corporativa de la Generalitat que Alay tenía por su cargo «únicamente debía servir a los únicos efectos de pagos de los desplazamientos (transporte) a través de la agencia de viajes homologada por la Generalitat», y que era competencia del Departamento de Presidencia autorizarlo.

En octubre de 2018 Alay recibió un correo electrónico para promocionar un proyecto una semana antes al referéndum en Nueva Caledonia y «del contenido de ese correo se desprende que el viaje fue realizado y pagado con fondos públicos» y que no formaba parte de su trabajo como director de la oficina de Puigdemont sino que era una invitación personal.

Según la investigación, ese viaje costó 4.394,79 euros y se pagó con la partida presupuestaria de la Generalitat pero Alay «en ningún momento indicó la realidad a la que obedecía el viaje en cuestión».

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