Irídia reclama en el Parlament un «mecanismo independiente de control» de los Mossos y prohibir el 'foam'

Han sido los directores de esta organización, Andrés García-Berrio y Anaïs Franquesa, quienes han desgranado sus propuestas en la comisión de estudio del modelo policial, que preside la formación antisistema. Entre estas, que la División de Asuntos Internos (DAI) de la policía catalana cree un canal adecuado para centralizar las denuncias que se presenten contra los uniformados, y también proponen «oficinas provinciales» para que los ciudadanos puedan presentar quejas.

Otro de los reclamos de Irídia es el de realizar una auditoría externa sobre el papel de los mandos en el control y denuncia de agentes que se excedan en el uso de la fuerza o sobre los que pesen indicios de actuación delictiva. Entre estos, el incumplimiento del protocolo de uso de la defensa -la porra-, que prohíbe golpear de arriba hacia abajo y en zonas vitales. También insisten en la petición de prohibir los proyectiles de 'foam' por «su carácter altamente lesivo» .

Cabe recordar que fue el Parlament el que aprobó su uso tras prohibir las balas de goma, después de que Esther Quintana perdiese un ojo por el impacto de una de ellas en la huelga general de noviembre de 2012. Sindicatos de agentes han manifestado en diversas ocasiones que, en caso de retirar esta herramienta tendría que sustituirse por otra, que permita mantener la distancia con los manifestantes.

En ningún caso, subrayan, podría eliminarse sin introducir una alternativa, ya que los antidisturbios necesitan estar equipados ante la eventual respuesta violenta de los manifestantes. Por su parte, Irídia reclama que mientras siga en vigor su uso, se prohíba disparar los proyectiles para la protección de bienes y que solo puedan emplearse «en caso de amenaza inminente de lesión a un agente o tercera persona ».

En cambio, una propuesta en la que coincide la entidad y una gran parte de las organizaciones sindicales es en que los antidisturbios cuenten con una cámara unipersonal que capte sus actuaciones . A los uniformados les puede proteger en caso de denuncias falsas por supuesta mala praxis y, en caso de ser así, esta quedará registrada.

Eso sí, Irídia exige garantías de que las imágenes que se capten no se utilicen para elaborar una especie de listado de participantes en manifestaciones y «penalizar el derecho legítimo a la protesta», en palabras de Franquesa.