Propuesta de organización territorial en veguerías y comarcas elaborada por la comisión de expertos. ABC

El «informe Roca» defiende suprimirlas cuatro provincias y dividirCataluña en 47 comarcas

El informe sobre la reorganización territorial de Cataluña, realizado por una comisión de expertos independientes capitaneados por Miquel Roca, ha llegado ya al Parlament, que deberá desarrollar a partir de ahora una ley en este sentido. El estudio, no vinculante, defiende la creación de más comarcas, pide la conversión de las cuatro provincias en seis veguerías y propone eliminar 203 municipios.

BARCELONA. Jaume Clotet
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En abril del pasado año, el Govern acordó la creación de una comisión de expertos para desarrollar un informe sobre la regionalización de Cataluña, una cuestión pendiente desde la entrada en vigor del actual Estatut, hace 20 años. La iniciativa partía del recién estrenado departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, cuyo titular, Josep Duran Lleida, pretendía llevar a la práctica una de las leyes que, si finalmente ve la luz, será de las más importantes desde la restauración de la Generalitat.

En aras de la calma política, la comisión se dotó de expertos sin filiación y su presidencia fue otorgada a Miquel Roca. Menos de un año después, este grupo de trabajo ha presentado ya sus criterios, conclusiones y propuesta, que deberá ser analizada en una comisión parlamentaria antes de convertirse en un proyecto de ley.

MODELO «FLEXIBLE»

A juicio de los expertos, el actual sistema es «irracional» a causa de la profusión y superposición de estructuras administrativas, lo que comporta «consecuencias negativas para los ciudadanos». Por contra, el modelo presentado se basa en la «flexibilidad», lo que permitirá asumir los cambios venideros «sin revisar el modelo global».

La novedad principal del informe es la supresión de las cuatro provincias actuales y su sustitución por seis veguerías, lo que supone la recuperación de una entidad histórica catalana que se remonta a la Edad Media. Estas regiones, que en cualquier caso tendrían muchas de las competencias provinciales, también pasarían a ser circunscripciones electorales, tanto en las elecciones al Parlament como al Congreso y al Senado. Es por esta razón que la división territorial será previa a la también esperada nueva ley electoral catalana, que también deberá impulsar el departamento de Gobernación.

Cabe señalar que la comisión ha desoído las peticiones para crear una veguería en el alto Pirineo, una posibilidad que en su día defendieron todos los partidos políticos. Es más, el líder socialista, Pasqual Maragall, convirtió la cuestión en un asunto casi personal y fueron numerosas las ocasiones en las que se desplazó hasta los valles del Pallars y la Val d´Aran para predicar el advenimiento de una veguería. Esas expectativas se quedaron en agua de borrajas y los expertos apuestan por dar a la zona «un tratamiento institucional diferenciado dado que cumple unas condiciones específicas», aunque descartan una veguería porque su escasa población «dificulta su encaje en la propuesta general». Lo cierto es que en el alto Pirineo viven sólo 60.000 personas, lo que supone el uno por ciento de la población catalana, aunque su territorio es el 20 por ciento del total. El estudio propone la creación de un «ámbito específico de planificación» sin ofrecer más detalles, lo que ha sembrado la incertidumbre en las comarcas afectadas.

El estudio de los expertos modifica también el mapa comarcal actual. Así, el informe pide la creación de seis nuevas entidades, que se sumarán a las 41 ya existentes. Las nuevas comarcas serían, si finalmente se lleva a cabo una nueva ley territorial, el Baix Llobregat Nord, el Segre Mitjà, la Selva Marítima, la Vall de Camprodon, la Alta Segarra y el Moianès. Los criterios para aprobar el nacimiento de las nuevas comarcas, al igual que se hizo hace setenta años, son de carácter práctico y económico, y no en base a una mayor concienciación en algunos determinados territorios. En este sentido, al comisión no ha dado una respuesta favorable a la creación de la comarca del Lluçanès, una reivindicación histórica de esta zona de la Cataluña central.

La creación de nuevas comarcas ya ha producido reacciones de todo tipo. Así, las centrales sindicales UGT y CC.OO. criticaron la posibilidad de dividir el Baix Llobregat, con el argumento de que la zona de Martorell no constituye en sí misma una área geográfica histórica ni económica. Por contra, tanto los habitantes como la clase política de esta localidad son fervientes partidarios de la segregación.

También la posibilidad de que la Vall de Camprodon se independice del Ripollès ha despertado suspicacias entre los habitantes de esta zona del Pirineo, que no ven razones objetivas para crear una división en una demarcación muy despoblada y con escasos servicios comunitarios. Por su parte, Artesa de Segre ha puesto el grito en el cielo por el hecho de convertir a Ponts en la capital de la futura comarca del Segre Mitjà. Pese a admitir que Artesa tiene más habitantes, la situación geográfica y las comunicaciones viarias de que dispone Ponts hicieron decantar la balanza en su beneficio.

CONSELLS COMARCALS

Por lo que respecta a las atribuciones de las comarcas, el ya conocido como «informe Roca» propone la actualización y redefinición de este ámbito, para lo que apuesta por un reforzamiento de la figura del Consell Comarcal. En este sentido, el texto asegura que este modelo no es «satisfactorio» en la actualidad, aunque sí se muestra partidario de su continuidad siempre que haya una voluntad política para dotarlo de competencias y recursos financieros. Así, el objetivo último es un vaciado de competencias de las veguerías en beneficio de los Consells Comarcals, que serían la administración más habitual junto con la Generalitat.

Los expertos apuestan por una «comarca municipalista», que atienda en primera instancia las demandas de los Ayuntamientos. Para ello cabría incrementar la capacidad ejecutiva de los Consells y reformar la legislación electoral para dotarlas de un perfil más representativo y plural acorde con los resultados de cada fuerza política. Para que este proceso se pueda llevar a cabo, el estudio contempla la posibilidad de que el Gobierno, a través de los Presupuestos del Estado, participe en la financiación de las comarcas, tal como hace en la actualidad con las diputaciones. En este sentido, la transferencia de competencias de las veguerías a las comarcas comportaría un trasvase paralelo y gradual de estos recursos económicos.

Finalmente, la parte más polémica y más elaborada del informe es la que afecta a los municipios, de los que hay 946 en toda Cataluña, más que en Gran Bretaña. De éstos, 203 no llegan a los 250 habitantes, mientras que otros 527 no superan el millar de vecinos. Para poner solución a este desbarajuste, el documento propone reforzar los Ayuntamientos mediante la agregación de los municipios más pequeños, lo que pondrá fin a la duplicidad de servicios y racionalizará el uso de los recursos materiales. Se trataría de dotar a los 203 municipios afectados de «entidades descentralizadas», lo que «preservaría su identificación y conciencia colectiva». Sin embargo, esta «política de fusiones», que el estudio detalla al máximo, supondría la eliminación de dos centenares de Ayuntamientos, con sus respectivos alcaldes y concejales. Para compensar las reticencias y oposiciones, los expertos piden al Govern que desarrolle de forma paralela un generoso plan de inversiones financieras en los pueblos más afectados. El «informe Roca» incluye una vasta relación de los municipios y comarcas que deberán variar sus límites territoriales.Para la aplicación de su propuesta, los expertos proponen un proceso gradual. En este sentido, dado el elevado coste de la operación y las consecuencias que generará, afirman en su documento que «no es necesario que todo se haga de golpe, pero todo lo que se haga debe hacerse en la línea expuesta en el modelo», a lo que añaden que «no hay que llevar a cabo una serie de modificaciones inconexas que podrían llegar a perjudicar la calidad de los servicios recibidos por los ciudadanos».