Un informe de Caamaño sostenía en 2004 que las veguerías no cabían en la Constitución

«Más temprano que tarde habrá que decidir entre suprimir la provincia y adjudicar a las CC.AA. la creación, según sus peculiaridades, sus particulares entes locales intermedios (llámense comarcas, veguerías o de cualquier otro modo) lo que obligaría a una reforma de la Constitución».

Necesario apoyo del PSOE

Las palabras de Caamaño parecen premonitorias tras la aprobación, el martes, de la Ley de veguerías, que abre un proceso de reorganización territorial en Cataluña que obligará a reformar tres leyes orgánicas estatales. Es decir, que nunca saldrá adelante sin la aquiescencia del Gobierno y el apoyo del PSOE en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, el ministro advertía ya en 2004 que ese proceso exige una reforma constitucional que el texto avalado por el presidente autonómico Montilla no recoge. El proyecto de la Generalitat conserva las provincias como mapa de la administración del Estado y circunscripción electoral para evitar precisamente la necesidad de reformar la Carta Magna. Pero elimina las diputaciones, recogidas en la legislación básica del Estado, y supone la creación de dos mapas administrativos superpuestos: provincias para la Administración del Estado y veguerías para la autonómica.

El Gobierno catalán aprobó el martes las dos leyes que marcan un nuevo mapa administrativo para Cataluña, La primera, pretende suprimir las cuatro diputaciones provinciales para convertirlas en siete Consejos de Veguería, que actuarían también como administración supramunicipal y se financiarán con los fondos estatales destinados a la Administración Local que ahora administran las diputaciones. Se trata de una vieja reivindicación del nacionalismo catalán, que siempre ha visto en el mapa provincial una rémora del franquismo.

La segunda ley aprobada por el ejecutivo de Montilla es la recuperación del Área Metropolitana de Barcelona, una entidad que agrupa a 36 municipios de la conurbación barcelonesa en la que viven más de tres millones de personas, la mitad de la población de Cataluña. Se trata en este caso de una reivindicación socialista, desde que Jordi Pujol suprimió en 1987 el gobierno metropolitano por temor a que actuara como contrapoder de la Generalitat.

El apoyo a las reformas de la organización territorial para suprimir las provincias es una de las conclusiones, secundarias, eso sí, de un informe jurídico sobre el respeto del Estado y las comunidades a la autonomía de la Administración Local. Un texto en el que Caamaño repasa la evolución de la legislación española sobre la administración local, y su papel secundario ante el despliegue de las comunidades autónomas como eje del mapa configurado por la Constitución de 1978.

Apuesta por la diversidad

«No parece razonable constreñir la competencia de las CCAA sobre el régimen local arguyendo la necesidad de mantener un mínimo de uniformidad en todo el territorio, de modo que los municipios gallegos tengan que parecerse jurídicamente a los castellanos, cuando obedecen a realidades tan distantes como distintas, y que sin embargo el legislador básico estatal pueda establecer regímenes jurídicos diferenciados entre municipios en función del número de habitantes», advertía entonces el actual ministro de Justicia para justificar la potestad autonómica para modelar la legislación local.

Una potestad que Cataluña pretende aprovechar en los próximos meses y años, puesto que la reforma territorial se ha planificado en tres fases que incluyen la modificación de la leyes orgánicas y cambios en los actuales límites provinciales.