La Fiscalía pide seis años de prisión para el exconsejero catalán que montó la escolta de Puigdemont en Bélgica

Sobre Buch, el Ministerio Público explica que acordó con el expresidente fugado montarle un servicio de seguridad personal prestado por agentes de su «estricta confianza» a costa del erario público después de que este fuera desprovisto de su condición de «autoridad» por parte de la Justicia. Además, indica que cerró un expediente disciplinario abierto contra el sargento de los Mossos Lluís Escolà (responsable de la seguridad de Puigdemont en su etapa como presidente) por acompañarle en su huida de España tras el 1-O.

Precisamente, en su petición de apertura de juicio oral contra Buch, el Ministerio Público también señala y acusa a Escolá , para el que pide seis años de prisión. Sobre este agente, la fiscalía explica que en los días 28 y 29 de octubre de 2017, posteriores al referéndum del 1-O, se desplazó hasta la casa del recientemente cesado Puigdemont (artículo 155) en Gerona. Allí se encontró con el expresidente y le ayudó en su plan para marcharse de España y escapar así de la Justicia.

«(Puigdemont) decidió eludir la acción judicial y abandonar precipitadamente el territorio nacional, acción para la cual solicitó y obtuvo el auxilio del acusado señor Escolá, quien, sin comunicar tal circunstancia a sus superiores jerárquicos, y tras recabar el auxilio de otros funcionario del Cuerpo de Mossos, en la noche del 29 de octubre, organizó un dispositivo clandestino que les permitió acompañar y escoltar al huido hasta Francia, donde tomó un avión que le condujo a Bélgica», abunda la Fiscalía en su escrito, al que ha tenido acceso ABC.

Al saber que Escolá ayudó en secreto a Puigdemont a abandonar España, los Mossos lo amonestaron y le abrieron un expediente disciplinario, no obstante, este siguió colaborando con el expresidente. De hecho, según expone la Fiscalía, el agente fue cambiado de destino pero no se incorporó ya que empezó a encadenar bajas, vacaciones, permisos y libranzas . «Entre el 30 de octubre de 2017 y el 20 de julio de 2018 el acusado no ejecutó un solo día de servicio activo en su actividad propia de funcionario de la Policía autonómica, sí vino en cambio a realizar numerosas salidas al extranjero, al objeto de prestar labores de custodia y seguridad para el ya entonces procesado rebelde Puigdemont, a requerimiento del mismo», añade el Ministerio Público.

Tras esa etapa, Escolá fue nombrado en 2018 «asesor en materia de sistemas de seguridad» del Departamento de Interior que dirigía Buch, de Junts al igual que Puigdemont. «Dicha designación respondía únicamente al propósito de procurar, desde el Govern de la Generalitat y con cargo a los fondos públicos, un servicio de 'escolta' permanente al declarado procesado rebelde (...) Carles Puigdemont », indica la Fiscalía en su acusación. Inmediatamente después de ser nombrado asesor, Escolá pidió el alta y viajó a París y luego a Bélgica, donde se encontró con el expresidente, que volvió a Waterloo tras pasar varias semanas detenido en Alemania. A partir de ese momento, se pudo observar al sargento prestando «labores de vigilancia y protección» en público y en privado.

Según la Fiscalía, los hechos cometidos por Buch y Escolá constituyen delitos prevaricación y malversación de caudales público s por los que el exconsejero posconvergente debería responder en calidad de autor y el agente Escolá de «cooperador necesario». Por ello, pide quince años de inhabilitación y seis de prisión para el primero y trece de inhabilitación y cuatro de prisión para el segundo. Asimismo, la Fiscalía pide a los acusados que indemnicen conjuntamente a la Generalitat con 52.700 euros más intereses por el perjuicio patrimonial causado.

«Me piden 6 años de cárcel y 12 inhabilitado para nombrar a Interior un asesor experto en seguridad. Una pieza más de la causa general contra el independentismo . Ellos no se detienen, pero nosotros tampoco. Seguimos», ha tuiteado hoy Miquel Buch tras conocer la acusación. Alejado de la primera línea de la política catalana desde septiembre de 2020, Buch fue apartado del Govern por Torra justo antes de ser inhabilitado. Tampoco estuvo en las listas de Junts, su partido desde hace años, en las elecciones catalanas del 14 de febrero.

El texto de Fiscalía completa la investigación periodística que el pasado mes de agosto ABC publicó en exclusiva y que incorporaba un testimonio que revelaba el funcionamiento de la trama secreta para dotar de escolta y vigilancia a Puigdemont usando personal y medios de los Mossos d’Esquadra . Entre otros detalles, este diario daba cuenta en ese momento de cómo mandos del grupo de escoltas de la Policía autonómica alteraban sus cuadrantes de libranzas para que un grupo de entre 17 y 18 agentes cercanos al expresidente pudiese alternarse en las labores de vigilancia en Waterloo.

ABC también expuso cómo se usaron medios materiales para formar la guardia de Puigdemont en Bélgica, así como de la creación de la llamada Área de Seguridad Institucional (ASI), un subgrupo especializado de vigilancia dependiente de Presidencia y no de la jefatura de Mossos que en realidad, y con el supuesto conocimiento de Quim Torra y el exconsejero Miquel Buch, funcionaba como una tapadera para desviar medios públicos a Bélgica.