La Fiscalía pide 45 años para un vendedor de golosinas por abusar de ocho niñas

La Fiscalía pide 45 años para Antonio L. por ocho delitos continuados de abuso sexual a menor de 13 años y un delito de corrupción de menores en la modalidad de difusión de pornografía infantil, así como 10 años de libertad vigilada por cada uno de los delitos.

Por su parte, la defensa pide la absolución y alega que el procesado, que este martes ha consignado 24.000 euros para hacer frente a una posible indemnización, padece un «grave trastorno» mental que le afecta sus capacidades cognitivas y volitivas, así como y el retraso de 5 años del caso en llegar a juicio, de forma injustificada.

Según el escrito de acusación, el procesado, de mediana edad, regentaba una tienda de golosinas cercana a un parque de juegos infantiles en Hostalric y, entre el verano de 2013 y el 1 de octubre de 2014, «hizo tocamientos» a niñas que iban a comprar.

Para ganarse su confianza, sostiene el escrito, a menudo les regalaba golosinas o les ponía más cantidad de la que correspondía por el precio que pagaban, extremos que han confirmado hoy miércoles algunas de las niñas.

En la primera sesión del juicio, el acusado ha negado las acusaciones y ha contestado sólo a las preguntas de su abogado, y ha asegurado que no era raro que jugara con algunos clientes con los que tenía más confianza o los sentara en su regazo, pero ha afirmado que nunca hizo tocamientos a ninguna de las menores.

También han declarado algunas de las víctimas que han insistido en que las hacía pasar detrás del mostrador , las sentaba en su regazo y les hacía tocamientos en los genitales y el culo.

El ministerio público asegura que «el acusado formó parte de redes de intercambio de archivos » a través del programa eMule y le encontraron 33 vídeos de pornografía infantil «con contenido explícito de menores de edad posando desnudos o realizando prácticas sexuales de todo tipo«.

El acusado ha negado haber descargado intencionadamente pornografía infantil y su abogado ha pedido la nulidad del auto que acordó la intervención del material informático por falta de fundamentación y por vulnerar el derecho fundamental a la intimidad y al entorno digital.