La Fiscalía pedirá orden de detención internacional contra Puigdemont, los exconsellers y Anna Gabriel

En una nota publicada este lunes, el Ministerio Público ha anunciado esta información y también que, según su criterio, «procede mantener la situación de prisión provisional» para el independentista Jordi Cuixart y para el ex conseller de Interior Joaquim Forn. Esta segunda posición del fiscal se ha explicado en un escrito de informe al juez que instruye el caso del «procés» en el Supremo, Pablo Llarena, quien le preguntó al Ministerio Público su posición antes de responder a los recursos pidiendo la libertad provisional que han presentado Forn y Cuixart y sobre los que debe decidir en breve.

En cualquier caso, la fiscalía ha considerado que se deberá revisar periódicamente la medida cautelar contra ambos «para valorar si persisten los indicios racionales de que los imputados cometieran los hechos delictivos y los motivos suficientes que justificaron la adopción de la medida de prisión provisional» o si ésta debería ser levantada.

En lo referente a la situación de los investigados que se encuentran fuera del territorio nacional, ha apuntado en relación a Carles Puigdemont y a los ex consellers Antoni Comín Oliveres, Clara Ponsatí i Obiols, Lluís Puig i Gordi y Meritxell Serret Aleu, además de la dirigente de la CUP Anna Gabriel, el Ministerio Fiscal ha anunciado que «procederá a ejercitar las oportunas peticiones» de detención internacional «una vez se haya dictado auto de procesamiento en la causa».

En cuando a Gabriel, el juez del caso abierto en el Supremo por el «procés» hacia la Declaración Unilateral de Independencia, Pablo Llarena, dictó una orden de detención nacional contra ella el pasado 21 de febrero . La investigada no acudió a la citación que el magistrado le había dirigido para ese día. Ya entonces la fiscalía le pidió al juez una orden internacional contra ella, del mismo modo que había hecho anteriormente contra Puigdemont y los otros fugados.

Tras la decisión de esperar tomada por el juez, fuentes fiscales ya habían avanzado que la intención de la fiscalía es pedir la orden de detención contra Puigdemont y los otros cuando hayan sido procesados y solo por los delitos de rebelión o sedición.

De ese modo, las autoridades belgas tendrían que elegir entre no entregarlos o hacerlo por esos delitos . El objetivo es evitar que Bélgica entregue a Puigdemont por delitos menores como desobediencia, prevaricación o malversación, y no por rebelión o sedición. El Supremo solo podría juzgarle por los delitos por los que sea entregado.