La Fiscalía de Barcelona denuncia a 44 controladores aéreos

En el acuerdo de la Fiscalía, el ministerio público imputa a los controladores del Centro de Control Aéreo de Gavà, del que depende el tráfico del corredor mediterráneo, un delito contra la navegación aérea o, en su caso, uno de abandono de servicio público.

La Fiscalía mantiene en su escrito que la actitud de los controladores que "optaron por hacer inviable el tráfico aéreo con sus imaginarias incapacidades, derivada de su conflicto laboral y su enfrentamiento con el Gobierno, originó de manera automática la casi total paralización del tráfico aéreo en el aeropuerto de Barcelona".

A consecuencia de esa "conducta pasiva de clara obstrucción a la regulación del tráfico aéreo", se tuvieron que suspender más de 200 vuelos el día 3 de diciembre y 570 el día 4, lo que según el ministerio público derivó en un "caos generalizado" que perjudicó a miles de viajeros.

La denuncia de la acusación pública se dirige sólo contra los controladores de la torre de Gavà porque la actitud de los de la torre de El Prat de Llobregat (Barcelona) fue en principio correcta -permanecieron en su lugar de trabajo sin incidencias- y la postura de los de Sabadell dependía de los primeros, ya que les resulta imposible operar si el principal centro de control no funciona.

Según la Fiscalía, durante la tarde del día 3 "simularon incapacidad para ejercer sus funciones" dos tercios de los controladores, lo que provocó que a las 20.00 horas se cerrara el aeropuerto de El Prat, y a los turnos de noche y mañana del día 4 también faltaron "un número importante" de los trabajadores convocados.

La mayoría de los controladores que declararon ante la Guardia Civil de Barcelona en el transcurso de esta investigación optaron por acogerse a su derecho a no responder, lo que, resalta la Fiscalía, ha impedido conocer cuál era su auténtico estado de salud los días 3 y 4.

Varios de los controladores han aportado partes médicos para justificar su ausencia durante la huelga encubierta, pero el ministerio público los considera de momento insuficientes, sin perjuicio de que durante la instrucción de la causa puedan demostrar la veracidad de esa supuesta incapacidad.