El fallo contra la Universidad de Barcelona por el manifiesto pro «procés» llega a la Comisión Europea

Además de Puigdemont, entre los firmantes de la misiva de apoyo a la UB se encuentran los eurodiputados de Junts, Toni Comín y Clara Ponsatí ; los eurodiputados de ERC, Jordi Solé y Diana Riba , la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao , y el miembro de Bildu, Pernando Barrena .

Ahora, el colectivo de profesores catalanes Universitaris per a Convivència (UpC) , que está detrás de la demanda que ha provocado la sentencia, ha dirigido una carta a las tres mandatarias europeas en la que responde a la suscrita por los 24 eurodiputados, entre los que se cuentan varios fugados de la Justicia española .

En su misiva, la plataforma constitucionalista, que defiende la neutralidad en los campus catalanes, aclara que la demanda judicial que ha dado lugar a la sentencia «no es cuestión de las autoridades españolas» sino del propio colectivo que entiende que «los manifiestos que promueven una posición política de la universidad —en un tema que, además, genera una gran controversia social— atentan contra los derechos fundamentales a la educación, la libertad ideológica y la libertad de expresión de los miembros de la comunidad universitaria ».

UpC recuerda, asimismo, que el manifiesto aprobado por el claustro de la UB « reproduce el discurso separatista y contribuye a degradar nuestro modelo democrático de convivencia , llegando a pedir que se libere a los líderes nacionalistas encarcelados tras sentencia firme del alto tribunal».

Expone en su réplica que «el ordenamiento jurídico español es claro al señalar que ‘la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales’ (artículo 103.1 de la Constitución) y la jurisprudencia de los altos tribunales españoles ha establecido hace ya tiempo que ese precepto debe interpretarse como incluyendo el principio de neutralidad». También subraya que esta es la postura manifestada reiteradamente por el Defensor del Pueblo .

En cuanto a lo que los eurodiputados consideran derechos vulnerados a las universidades, Universitaris per la Convivència apunta, en primer lugar, que «la libertad de expresión, tal como reiteradamente ha señalado nuestro Tribunal Constitucional, es un derecho cuyos titulares son exclusivamente los individuos y nunca las instituciones». En segundo lugar, subraya que la autonomía universitaria es un derecho cuyos límites «están claramente fijados en el artículo 2 de nuestra Ley Orgánica de Universidade s, donde se establece que (…) está prevista únicamente para cuestiones relativas a su organización y funcionamiento».

Por último, aclara que «con respecto al principio de representación de los órganos de gobierno de la universidad al que se refieren los eurodiputados nacionalistas, es esencial recordar que los claustros universitarios en modo alguno son órganos de representación política ». Explican los docentes firmantes que «al no haber sido elegidos por su ideología, los claustrales carecen claramente de legitimidad para pronunciarse sobre cuestiones no académicas en nombre de sus representados».

Concluye Universitaris per la Convivè ncia destacando que «hemos buscado amparo judicial, no sin antes haber expuesto en los mismos claustros y en carta abierta a los rectores nuestro parecer sobre lo que consideramos un tema nuclear para la convivencia en nuestras universidades y para la garantía y promoción de la libertad académica y del espíritu crítico de profesores y alumnos».

A juicio de los docentes constitucionalistas «se ha articulado una campaña coordinada entre las diferentes fuerzas nacionalistas en la línea de los argumentos que esgrimen los referidos eurodiputados y manifiesta su firme voluntad de contrarrestarla con contundencia» porque, según apunta, «están en juego derechos fundamentales y esto, además, en un entorno que ha de servir para el encuentro y debate respetuoso entre todas las sensibilidades existentes. Jamás la Universidad puede tener una ideología oficial so pena de renunciar a su esencia misma ».