EL ESTATUTO DE GEORGE ORWELL

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El proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña -porque se trata de un nuevo Estatuto, aunque se presente como una simple reforma del actualmente en vigor- se caracteriza, entre otros rasgos, por su anacronismo e intervencionismo. En las líneas que siguen, subrayaré sólo algunos aspectos de dicho proyecto que, a mi parecer, resultan anacrónicos e intervencionistas.

Resulta anacrónico el culto del pasado que se percibe en el Preámbulo cuando habla de 1714, de la Mancomunidad de 1914, del Estatuto de 1932, y de la memoria de los que lucharon por «el reconocimiento de los derechos nacionales de Cataluña y los derechos sociales de los catalanes». Por cierto, al socaire de esta inicial petición de memoria, ¿habrá que recordar o reconocer a todos aquellos -golpistas, liberticidas y practicantes del paseo a media noche incluidos- que supuestamente lucharon por «los derechos nacionales de Cataluña» y/o «los derechos sociales de los catalanes?». Corramos un tupido velo.

Y prosigamos con el anacronismo -en este caso aliñado con una dosis de populismo- de un discurso que pone negro sobre blanco una frase que manifiesta «la vocación y el derecho de los ciudadanos de Cataluña de determinar libremente su futuro como pueblo». Si tenemos en cuenta que los ciudadanos de Cataluña determinan libremente su futuro elección tras elección, ¿quizá se está proponiendo una autodeterminación modelo siglo XIX que decida el futuro del «pueblo» catalán? La respuesta es afirmativa si tenemos en cuenta que en el artículo 4 del nuevo Estatuto se lee que «los poderes públicos de Cataluña deben promover el pleno ejercicio de las libertades y los derechos individuales y colectivos que reconocen el presente Estatuto» así como «el Pacto internacional de derechos civiles y políticos» y «el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales». El detalle: estos dos Pactos reconocen el derecho de libre determinación de los pueblos. Y aunque es cierto que estos Pactos reservan el mencionado derecho a los pueblos colonizados, ¿cómo explicamos eso a un nacionalismo que como el catalán busca el fundamento en «la afirmación nacional que históricamente representó la institución de la Generalitat, vigente hasta el siglo XVIII?».

Otro anacronismo se constata cuando se reivindican unos derechos históricos -lean ustedes privilegios- que provienen directamente de la época medieval Penúltimo anacronismo: un sistema de financiación en la línea del foralismo secular. Resulta anacrónico, en fin, que en el seno de una sociedad tan plural como la catalana se defienda «el reconocimiento» de una «identidad colectiva» que no existe. Del anacronismo al intervencionismo. Existe intervencionismo cuando, en un mundo globalizado como el nuestro, que se desarrolla en el marco de una sociedad liberal y una economía de mercado, se reivindica «la creación de un espacio catalán de relaciones laborales», cuando se indica que la Generalitat debe regular la organización de las Cajas de Ahorro, cuando se señala que corresponde a la Generalitat «la planificación, el diseño, la ejecución, la evaluación y el control de normas, planes y directrices generales en materia de políticas de mujeres», cuando se atribuye a la Generalitat la potestad de regular los horarios comerciales.

Hay intervencionismo cuando se exige que los jueces, magistrados, fiscales, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles, encargados del Registro Civil y personal al servicio de la Administración de justicia, para prestar su servicio en Cataluña, deben acreditar el conocimiento del catalán para ejercer sus funciones. En este caso, el intervencionismo lingüístico niega el derecho fundamental de libre circulación de personas.

El nuevo Estatuto de Cataluña me ha recordado la conocida figura del Gran Hermano de George Orwell. Resumo: a la Generalitat nuestra de cada día nada se le escapa. Todo debe estar bajo control. Y eso sucede en un país de progresistas. Y a eso le llaman un proyecto de futuro.