Endesa y la Generalitat acuerdan condonar las deudas energéticas a más de 35.000 familias vulnerables

En rueda de prensa, El Homrani ha dicho que era un «objetivo de legislatura» tras la aprobación de la ley 24/2015 de medidas urgentes contra la emergencia habitacional y energética, y que el acuerdo también contempla que las situaciones de vulnerabilidad energética no se repitan ni se acuda a la vía judicial para reclamar la deuda.

La compañía eléctrica asume toda la deuda de 2015 a 2018 y la mitad de la generada de 2019 a 2020; y la otra mitad de la generada de 2019 a 2020 la asumirán las administraciones (un 75% la Generalitat y un 25% las administraciones supralocales), es decir, las administraciones asumen 10,6 millones de los 38,7.

«Es un día para estar contentos», ha dicho El Homrani, para quien se acaba con una indefinición y vacío legal y se genera un sistema contemplado en la ley 24/2015 y que ha sido fruto de más de dos años de trabajo conjunto.

El conseller ha subrayado que, además del acuerdo entre Govern y Endesa para condonar la deuda, se establece un convenio regulador de futuro para que no se repita la situación en familias que tengan el informe preceptivo de vulnerabilidad y un protocolo de intenciones para la corresposanbilidad y cooperación, que más adelante será interadministrativo.

El Homrani ha explicado que el convenio se irá renovando anualmente y que el acuerdo permite defender los derechos de los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a todas aquellas familias que cuentan con el informe de servicios sociales.

Ha subrayado que este acuerdo evita que se pudiese reclamar a las familias en los tribunales, una práctica que considera «abusiva», y que supone que Endesa renuncia a esta vía y promocionará el bono social, realizará auditorías energéticas gratuitas en hogares vulnerables e instalará contadores temporales.

El Homrani también ha dicho que se necesitaba un modelo de acuerdo con una empresa y que la Generalitat iniciará ahora «los pasos» con otras compañías suministradoras para alcanzar convenios del mismo tipo.

Ramon Tremosa ha celebrado que se desencalle la situación: «Se crea un compromiso, un precedente, una seguridad jurídica y evita la judicialización creciente de impagos de recibos que crean nuevos procesos judiciales».

«La calidad humana de una sociedad se mide en cómo se trata a las personas vulnerables», ha añadido el conseller, y ha afirmado que el acuerdo con Endesa permitirá encara las conversaciones con otras empresas suministradoras.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Laura Pérez, ha explicado que Barcelona concentra 7.500 de las más de 35.000 familias que se beneficiarán de este protocolo, y ha alertado de que la pobreza energética afecta a un 10% de los habitantes de la ciudad.

La presidenta del área de Cohesión Social de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, ha detallado que se harán cargo de parte de la deuda que en 275 municipios de la provincia, lo que asciende a unos 1,6 millones de euros, tras la firma de un acuerdo que han suscrito también la presidenta de la de Tarragona, Noemí Llauradó, el de Lleida, Joan Talarn, y el de Girona, Miquel Noguer.

La directora general de Endesa en Cataluña, Isabel Buesa, ha valorado «muy positivamente» los acuerdos, ha agradecido el trabajo y el esfuerzo que han supuesto para todas las partes, y ha asegurado que es una ayuda económica directa para las familias vulnerables.

«Nos emplazamos para ponernos a trabajar para que las ayudas lleguen de forma rápida a los que más lo necesitan», y ha destacado el papel de los equipos de los servicios sociales de toda Catalunya por gestionar la realidad de las familias vulnerables.