La encrucijada del PP catalán

Apoyar los presupuestos de la Generalitat en dos ocasiones ha dado protagonismo a esta formación a nivel parlamentario, donde los populares han jugado la carta de la responsabilidad y la lealtad en unos momentos críticos en la economía catalana. La líder del PPC quiere mantener esta posición y, ayer mismo, permitió que CiU sacara adelante en la Cámara catalana la ley catalana de estabilidad presupuestaria, que avanza a 2018 el compromiso de no gastar más de lo que se ingresa —dos años antes de lo que marca la norma estatal—.

Romper con CiU sería lo más coherente con el durísimo discurso pronunciado por la presidenta del PPC en el citado cónclave, donde se presentó al partido como el único que puede neutralizar esa deriva secesionista. De hecho, hay quien ha visto un enorme contraste entre las invectivas de Sánchez-Camacho contra el independentismo convergente y la intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien hizo un llamamiento a la colaboración institucional.

La moderación de la número dos del Ejecutivo español demuestra que, para Mariano Rajoy, inmerso en la lucha contra la crisis económica, el conflicto territorial no es prioritario. Ni en Cataluña ni en el País Vasco. Es de perogrullo, pero con una mayoría absoluta, al PP no le preocupan demasiado los aspavientos identitarios. Incluso los sigue viendo como una simple gesticulación teatral.

Sánchez-Camacho ha advertido en sus reuniones con ministros y altos cargos de Rajoy de que l a ofensiva de CiU va en serio. Pero ella misma apuesta por la colaboración en el terreno económico y asegura que Génova está por la labor de mejorar la financiación catalana, nunca por la vía de la independencia fiscal. Y es que la ruptura con los nacionalistas supondría un paso atrás en la presencia institucional catalana del PP, la más alta conseguida en su historia, como es la Diputación de Barcelona, la Corporación Catalana de Medios Audivisuales o el Ayuntamiento de Badalona, por poner algunos ejemplos.