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Daniel Tercero - Dazibao

Disposición Adicional Tercera

Desde 2012,los partidos políticos engañan sobre la DA3ª para utilizarlo a su favor

26.02.2007 - El ministro Jordi Sevilla (PSOE) y los consejeros de la Generalitat Joan Saura (ICV-EUiA) y Joan Puigcercós (ERC), antes de la sesión constitutiva de la Comisión Bilateral EFE

El 19 de julio de 2011, Manuel Chaves (PSOE) y Josep Antoni Duran i Lleida (CiU), como representantes de las partes del Gobierno de España, el primero, y de la Generalitat de Cataluña, el segundo, acordaron -en el marco de la Comisión Bilateral- que el Ejecutivo traspasaría al gobierno catalán 759 millones de euros en concepto de deuda pendiente del año 2008 por la aplicación de la Disposición Adicional Tercera (DA3ª) del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Solo un año antes, en junio de 2010, el Tribunal Constitucional (TC) circunscribió la aplicación legal de la DA3ª a la voluntariedad del Gobierno. Es decir, tanto el Gobierno como la Generalitat sabían, ya en 2011, que la DA3ª no vincula a las cuentas del Ejecutivo. O dicho de otra manera: el Gobierno cumplía y cumple con el Estatuto catalán si invertía o invierte alrededor del 19 por ciento de todo el gasto que realiza el Ministerio de Fomento en infraestructuras, por ejemplo, o también... si invierte cero euros.

Vayamos por partes. Y nada mejor que la exposición cronológica. La DA3ª del Estatuto (aprobado en 2006) dice, literalmente, lo siguiente: «1. La inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto (PIB) de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete años. Dichas inversiones podrán también utilizarse para la liberación de peajes o construcción de autovías alternativas». Y, también: «2. Con esta finalidad se constituirá una comisión, integrada por las Administraciones estatal, autonómica y local». Es decir, el Gobierno tiene que invertir en Cataluña en función del PIB que esta región supone al conjunto de España. Y lo tiene que hacer a partir de 2006 y hasta el año 2013.

El TC, por su parte, en la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de junio de 2010, acotó la DA3ª en estos términos, tal y como figura en el fundamento jurídico 138 y que a continuación aparece resumido: «Tal disposición no puede tener, en modo alguno, como ahora se dirá, efectos directamente vinculantes para el Estado. Y es que no puede admitirse que la disposición adicional tercera, apartado 1, vincule a las Cortes Generales en el ejercicio de sus funciones de examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, pues respecto de este tipo de compromisos presupuestarios formalizados en un Estatuto de Autonomía hemos dicho que no constituyen ‘‘un recurso que el Estado deba consignar obligatoriamente en los presupuestos generales de cada ejercicio económico’’, pues es al Estado ‘‘a quien corresponde en exclusiva, atendiendo a la totalidad de los instrumentos para la financiación de las Comunidades Autónomas, a las necesidades de cada una de éstas y a las posibilidades reales del sistema financiero del Estado, decidir si procede dotar, en su caso, y en qué cuantía aquellas asignaciones en virtud de la competencia exclusiva que sobre la materia le atribuye el artículo 149.1.14 de la Constitución (hacienda general)». El TC añadió que, «interpretada» la DA3ª «en esos términos», no era contraria a la Constitución y, por lo tanto, el TC mantuvo intacto el redactado de la DA3ª. Lógico argumento y extraño proceder.

La Comisión Bilateral Estado-Generalitat se reunió otras siete veces más entre la aprobación del Estatuto (julio de 2006) y la sentencia del TC (junio de 2010). Al menos en cinco de estas siete se dedicaron muchos minutos a la metodología y el cumplimiento de la DA3ª. En ese periodo, la DA3ª vinculaba al Gobierno. A partir de la sentencia del TC, no. Esto lo sabían todos los partidos políticos y, cómo no, los medios de comunicación en Cataluña, pese a que ya en 2012, con motivo de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, los primeros de Mariano Rajoy (PP) como presidente, desde El País a La Vanguardia, pasando por portales web como Vilaweb o Nació Digital, se aseguraba que el Gobierno no cumplía con el Estatuto. Desde entonces, año tras año, los primeros mienten y los segundos desinforman. También en 2019. Con el Gobierno como colaborador necesario.

Llegamos, así, a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) del 2 de noviembre de 2017 que obliga al Gobierno a consignar los 759 millones de euros a la Generalitat ya que el acuerdo de la Comisión Bilateral de 2011, al margen de la DA3ª, «no puede considerarse como una mera declaración de intenciones». Una sentencia del TS, por cierto, que rectifica una previa de la Audiencia Nacional de 2015, tribunal al que acudió la Generalitat, por considerar que lo pactado en 2011 en la Comisión Bilateral sí es de obligado cumplimiento, y que dio la razón al Gobierno.

El pasado lunes, María Jesús Montero (PSOE), ministra de Hacienda, en su presentación de los Presupuestos Generales del Estado en el Conhreso de los Diputados aseguró que el Gobierno solo hacía que «cumplir» con el Estatuto, para defender las inversiones en infraestructuras previstas para Cataluña. Sin embargo, ese «cumplir» no se sustenta en el propio Estatuto, ya que la DA3ª no solo no es vinculante sino que, además, está vencida desde 2013.

Recapitulando. Por un lado, el Gobierno de Pedro Sánchez cumple el Estatuto igual si invierte los 2.051 millones de euros en infraestructuras (16,8 por ciento del gasto de Fomento), tal y como reflejan las cuentas presentadas en el Congreso, o si invierte cero euros. O si invierte, pongamos por caso, 5.000 millones. Y, por otro lado, obligados por una sentencia del TS, los Presupuestos del Ejecutivo tienen que incluir una partida de 200 millones de euros (de los 759 millones acordados en 2011), que, muy cucamente, la ministra Montero los suma a la cifra anterior para que parezca que el Gobierno invierte en Cataluña cerca de su peso en el PIB nacional, llegando al 18,5 por ciento (siendo el peso de la región el 19,2 por ciento).

En el caso de la DA3ª todos los protagonistas saben que juegan en falso, pero nadie se atreve a decirlo.

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